En septiembre, el organismo envió los reportes del juez Henry Cáliz a la Fiscalía, en donde constan autos de alta gama. Él ingresó a la Corte Provincial de Pichincha en julio de 2018 y denuncia una persecución en su contra.

El Consejo Transitorio respondió que intentan detener el trabajo de reinstitucionalización del país y que todas sus resoluciones son legítimas. Juristas creen que la denuncia intenta encubrir la corrupción del anterior gobierno.

Contraloría también tiene ese plazo para enviar la acción de personal de Celi. El “encargo” y la falta de posesión en la Asamblea del exfiscal podría acarrear una nulidad de sus actos, que solo lo resolverá la Corte Constitucional.

El objetivo es que pueda defenderse libremente de las denuncias sobre supuestos cobros indebidos a sus excolaboradores cuando era legisladora. La Segunda Mandataria solicitó licencia hasta el próximo 31 de diciembre.