Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, firmó un convenio por la seguridad con Diana Salazar, fiscal del Estado; y María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ.

Emitir un fallo por escrito después de meses y años es una gravísima falta que se sanciona con destitución.

Desde enero hasta el 22 de julio se restituyeron 53 funcionarios a sus puestos de trabajo; además se pagaron 11 compensaciones económicas, que significaron $ 1,5 millones. Control disciplinario tiene 644 expedientes por resolver.

Los servidores judiciales son pocos y no alcanzan a entregar los llamados a presentación de los demandados. De enero a julio de este año no se entregaron 60.088.