Aproximadamente 792.945 familias habitan en viviendas arrendadas de acuerdo con el último censo del INEC. Según la Defensoría Pública, en 2017 las solicitudes ciudadanas por temas de arriendos se duplicaron con relación a 2016, y este año la tendencia se mantiene. La mayoría de casos ocurre porque se desconoce la Ley de Inquilinato y no se legalizan sus contratos lo que genera demandas. La falta de pago es la queja más recurrente.