La decisión llega después de un informe de la ONU que acusó al país de instaurar un régimen autoritario y reprimir a voces disidentes.

La nueva ley impone penas de hasta diez años de prisión para quienes difundan contenido considerado "alarmante" o "falso", en Nicaragua.

El gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, clausuró la emisora Radio María y 12 organizaciones no gubernamentales, por incumplimientos legales como la falta de reportes financieros y juntas directivas vencidas.