Ingenieros consultados consideran difícil evitar los cambios internos en las casas que conllevan al hacinamiento. La ordenanza no exige permiso previo para cambios menores, pero sí informar.

En la urbanización Riveras del Carrizal se adjudicaron 269 viviendas que acogen a 1.345 personas. El Estado ha invertido, en seis proyectos, $ 14 millones.

El sector inmobiliario cuenta ya con los lineamientos para la construcción de vivienda de interés social, gracias al reglamento expedido por el Gobierno.