El primer eje del proyecto enviado por el Ejecutivo busca que el cuerpo legal sea el garante de los derechos constitucionales e internacionales.

Según Andrés Michelena, secretario de Comunicación, el documento incluye la eliminación de la Supercom. Se creará un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, y se reclasificará a los medios públicos en medios públicos al servicio institucional y medios públicos al servicio de los ciudadanos, entre otros aspectos.

Tras el anuncio del Mandatario, la mayoría de asambleístas coincide en que no se necesita una entidad que regule el contenido de los medios.

La falta de consenso en temas polémicos impidió que los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea aprueben el informe borrador para primer debate.