Los sectores agrícola, industrial, comercial, de servicios y turístico fueron los más afectados por las manifestaciones de octubre de 2019. El perjuicio representa el 56,7% del total, que llega a $ 821,68 millones, según el Banco Central.

Por mandato constitucional y legal, los procesos judiciales iniciados por los hechos registrados en el país entre el 3 y 13 de octubre son reservados, ya que son 21 tipos de delitos que se habrían cometido contra la estructura estatal.

Estudiantes, profesores y ciudadanos salieron a las calles en el marco de las protestas que comenzaron el 21 de noviembre. La movilización, que contó con el apoyo de indígenas, se realizó tras el fracasado diálogo con el Gobierno.

Autoridades, funcionarios, figuras públicas y dirigentes están vinculados en los procesos legales que investiga la Fiscalía. En dos causas ya se llegó a sentencia. Hubo 1.419 detenidos.