Son siete documentos que el exdirector del FBI redactó desde enero de 2017, cuando el mandatario tomó posesión, hasta mayo del mismo año, momento en el que fue despedido por negarse a jurarle “lealtad” en la investigación.

Entre las primeras acciones, se solicitó información a las entidades respectivas y los próximos días comenzará con la toma de versiones a los funcionarios señalados.

Los funcionarios que trabajaron en casos de narcotráfico y que son sospechosos de cometer actos irregulares en sus funciones se encuentran bajo la lupa de la Contraloría General del Estado.

Tanto los exfuncionarios Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como el expresidente de la patronal peruana Ricardo Briceño no podrán salir del país sudamericano.

En la lista constan Fernando Alvarado, Marco Antonio Bravo y su hermano Carlos Bravo. Contraloría halló contratos sin los informes técnicos debidos.