Este lunes 23 de julio se llevó a cabo en Cuenca una audiencia de apelación a la decisión tomada por el juez Paúl Serrano el 1 de julio, donde se ordenó que se suspenda la actividad minera en las montañas de Molleturo. Habitantes a favor y en contra del proyecto protestaron frente a la Corte.

El experto argentino considera que hacer una minería responsable es posible, pero el Estado debe controlar.

Los pobladores consideran que cambiar las actividades productivas en Zaruma y Portovelo es aplicable en el largo plazo, mientras tanto la minería debe controlarse.

El Ministerio de Minería presentará mañana un programa para remediar estas zonas afectadas por la minería ilegal. Se destinarán $ 57,6 millones.

Los wiaipi, hasta el último de sus integrantes, prometen seguir en pie de lucha.

El cultivo de palma aceitera es la mayor fuente de ingresos para el municipio y habitantes del puerto esmeraldeño.