La medida, aprobada por el gobierno de Mauricio Macri y bloqueada por un juez, autoriza a la Policía disparar sin previo aviso. Organizaciones de DD.HH. la rechazan por abuso de autoridad.

El fiscal federal Jorge Di Lello procesó al presidente de Argentina por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por acordar con el organismo internacional, el 7 de junio, un crédito de $ 50.000 millones sin aprobación del Congreso. También fueron inculpados otras dos autoridades.