En diciembre pasado la situación cambió en la parroquia rural La Merced de Buenos Aires, del cantón San Miguel de Urcuquí. Alrededor de 3.000 foráneos han llegado a la zona para dedicarse a la actividad minera, la cual aún no está legalizada. En la montaña el trabajo es duro, constante, peligroso y en condiciones precarias.

Celi anunció que la entidad de control realizará auditorías a los proyectos mineros en el país.

El reemplazo en el cargo será anunciado "oportunamente", se aseguró en un comunicado oficial.

Con este pago ya suman $ 45 millones entregados por la compañía desde la firma del contrato, en diciembre de 2016.