La audiencia fue reprogramada para el próximo 26 de mayo dentro del proceso por presunto lavado de activos relacionado con la comercialización de combustible.

La Fiscalía General del Estado reformuló cargos dentro del caso Goleada y ahora procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles A., sus hermanos y otras nueve personas por el presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía solicitó la vinculación de cinco personas más al Caso Goleada, entre ellas la esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles A. La audiencia se realizará en Quito y busca ampliar la investigación por presunta delincuencia organizada

Este 2 de abril de 2026, tras la reinstalación de la audiencia de apelación, la justicia nacional decidió revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles A., dentro del caso 'Goleada'. Los hermanos del alcalde de Guayaquil habrían salido de la cárcel.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días para continuar con la investigación por presunta delincuencia organizada.

La licencia sin sueldo del alcalde de Guayaquil, Aquiles A, termina este 26 de marzo de 2026. El funcionario, detenido por el caso 'Goleada', enfrenta opciones limitadas para justificar su ausencia y evitar la pérdida del cargo.

La Fiscalía busca sumar al asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada, luego de solicitar formalmente su vinculación en una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Este lunes, 16 de marzo de 2026, un juez dispuso prisión preventiva para Aquiles A., alcalde de Guayaquil, tras acoger los elementos de convicción presentados por Fiscalía. La investigación se centra en la presunta manipulación del grillete electrónico en otra causa judicial.

Se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles A., alcalde de Guayaquil.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez Henriques, investigados en el caso 'Goleada', fueron trasladados el 8 de marzo de 2026 a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. El Gobierno afirmó que la medida busca proteger sus vidas ante supuestas amenazas.