Los asambleístas de la Mesa de Fiscalización y la Contraloría General del Estado encontraron indicios de irregularidades en el proceso de naturalización del fundador de WikiLeaks, que llevó adelante la Cancillería.

El Municipio habría entregado $ 17,7 millones sin justificación a 19 operadoras convencionales y buses del sistema de alimentación por concepto de compensación de 2015 a 2018. Además se otorgaron permisos irregulares a 665 taxis.

A $ 100 millones ascienden los presuntos cobros ilegales efectuados a 30 empresas mediante coactiva, sin ser notificados y aplicando erróneamente la ley. Estarían implicados abogados externos y funcionarios de 10 cabildos en tres provincias. Los alcaldes salientes heredan un delicado problema judicial y económico a las nuevas autoridades que asumirán este 14 de mayo, ya que existen fallos judiciales que ordenan a los ayuntamientos devolver el dinero.