Alrededor de $ 1 millón descontados de sus haberes no han sido transferidos a las asociaciones gremiales. El Defensor del Pueblo se comprometio a velar para que se cumplan su derechos.

Mientras uno de los asambleístas que trató la Ley Humanitaria asegura que las normas laborales allí planteadas no significan regresión de derechos, el FUT señala que solo se tomó en cuenta a los empresarios.