El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido con sus funciones al nombrar autoridades sentenciadas por corrupción y estar cerca del poder. Tiene un presupuesto anual de 11 millones de dólares y una lista de 400 funcionarios. Sus 7 consejeros han ocupado entre 3 y 9 cargos públicos durante la administración del expresidente Rafael Correa.

En su fallo, la Corte califica como improcedente la solicitud de medidas provisionales hecha por la CIDH.

Hoy, a las 17:00, habrá una reunión con los titulares de todas las funciones del Estado para alistar una posición conjunta.

El informe fue remitido a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para la investigación respectiva.

El acuerdo de la Contraloría sostiene que la auditoría gubernamental se ejecutará con equipos integrados por profesionales de reconocida idoneidad.