Los recursos que se supone debieron destinarse solo a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el sismo del 16 de abril de 2016 son objeto de polémica. Cuatro entes del Estado son examinados por la Contraloría y la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación, la cual solicitará a la Fiscalía una investigación en firme.

Un informe de responsabilidad penal de la Contraloría determina un perjuicio al Estado por $ 31,4 millones.

Es uno de los grandes casos que tendrá que ser investigado por la nueva fiscal general, Diana Salazar. El Gobierno actual y el Consejo de Participación presentaron denuncias en la Fiscalía. La Contraloría también recibió un informe.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio rechazó la impugnación contra Diana Salazar, por lo que al ser la mejor puntuada es la virtual nueva titular de la Fiscalía, en reemplazo de Ruth Palacios.