Además de garantizar que las organizaciones sociales vigilen a los medios, el proyecto de cambios a la norma de Comunicación también busca que las empresas informativas publiquen las acciones encaminadas a la inclusión. La protección pública a periodistas también es recogida, tras el secuestro y asesinato de tres reporteros.

El primer eje del proyecto enviado por el Ejecutivo busca que el cuerpo legal sea el garante de los derechos constitucionales e internacionales.

Según Andrés Michelena, secretario de Comunicación, el documento incluye la eliminación de la Supercom. Se creará un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, y se reclasificará a los medios públicos en medios públicos al servicio institucional y medios públicos al servicio de los ciudadanos, entre otros aspectos.

Tras el anuncio del Mandatario, la mayoría de asambleístas coincide en que no se necesita una entidad que regule el contenido de los medios.