Los estudios actuariales de Volrisk prevén que los egresos de este rubro superen a los ingresos en $ 20.464 millones. La gestión de la institución causa alarma en diferentes sectores.

El Frente Nacional de Jubilados estima que el Estado debe pagar alrededor de $ 4.000 millones por el dinero que no transfirió al Seguro Social desde la aprobación de la Ley de Justicia Laboral.

La Corte Constitucional ordenó incorporar el rubro en el presupuesto fiscal. También resolvió eliminar el límite del pago de utilidades, pero la sentencia no es retroactiva, por lo que el dinero cobrado en 2017 se queda en el IESS.

El anuncio forma parte de las medidas de austeridad, pero también recoge "el clamor ético de la ciudadanía", dijo Lenín Moreno.

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada del Estado abrió un proceso de investigación externa sobre este caso.

Manolo Rodas iniciará un proceso de actualización de los estudios actuariales del Instituto. En los próximos días se reunirá con el presidente Moreno por este tema.

El funcionario agradeció al presidente Lenín Moreno por la asignación del cargo.