El proceso se ejecutará en siete meses y tiene un costo superior a $ 460.000.

Con una inversión de $ 300.000, la Defensoría Pública ofrece atención gratuita. Los abogados brindan asesoría y seguimiento a los casos de habitantes de 63 parroquias.

La homologación salarial entre la Defensoría Pública y de la Fiscalía General está determinada en la Constitución de la República. Para esto se requiere $ 10 millones.

Con un proyecto de ley la entidad quiere mejorar sus servicios. Juristas consultados consideran innecesaria la creación de una escuela de formación para defensores como propone la entidad.