La Mesa de Verdad y Justicia: Por los Derechos de los Exjudiciales Destituidos, creada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, receptó 770 denuncias de jueces, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales y notarios que fueron destituidos en la administración de Gustavo Jalkh. Los exfuncionarios buscan recuperar sus derechos constitucionales y recibir una reparación del Estado, que implica la remuneración de los años que no trabajaron.

El pedido fue presentado a la Judicatura por parte de la Mesa por la Verdad y la Justicia luego de hacer público su informe preliminar, en el cual se establecen 247 casos verificados. El gobierno de Rafael Correa es el principal acusado.