En Chile, estas renuncias se producen después de los escándalos por abusos a menores por parte de religiosos y la falta de transparencia en la Iglesia católica en su gestión.

El internet no es inofensivo. Según datos de una encuesta realizada por ESET Latinoamérica, los padres de familia consideran como la amenaza más preocupante la pornografía, seguida de la pedofilia y el grooming.

Un delito de este tipo, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tiene una sanción que va de tres a cinco años de privación de la libertad.

Los menores afectados pueden interponer sus quejas directamente al Comité de los Derechos del Niño, a través de ONG. El MIES trabaja en las Escuelas de Familia, que son procesos de diálogo que involucran a 400.000 hogares.

Cuatro casos de pedofilia cometidos por religiosos han sacudido a Ecuador los últimos años. A escala mundial, la Iglesia separó a 848 sacerdotes en 11 años, por ese delito.