Un nuevo órgano de participación se eligió el domingo, pero el debate político plantea limitar sus funciones con una reforma constitucional o que una consulta decida si continúa vigente.

En su afán de captar votos de cara a los comicios de 2017, la mayoría de postulantes a la Presidencia de la República, así como los aspirantes a legisladores, aunque no conste en sus planes de gobierno inscritos en el CNE, ofrecen derogar la normativa que por ahora se tramita en la Asamblea. Incluso, para medir en las calles con cuánta aceptación cuentan, han llamado a marchas en Quito, Guayaquil y Cuenca.