El 45% de separaciones de los cargos de prefectos, alcaldes, concejales y consejeros en el país se efectuó en 2018, tras informes de Contraloría que determinaron, incluso, indicios de responsabilidad penal. Ciertos implicados no han acatado las resoluciones del máximo ente de control y se mantienen en sus puestos licitando y celebrando contratos, a pesar de que el Banco Central les ha bloqueado las claves de acceso para disponer de los fondos institucionales.

Un informe borrador de la Contraloría determina que en los concursos de compra no participaron proveedores de Orellana, Sucumbíos, El Oro y Napo.

Un informe borrador de la Contraloría determina que esos ingresos fueron al Tesoro Nacional para superar problemas en la caja fiscal y liquidez del sector público.