La funcionaria considera que la Defensoría del Pueblo tiene demasiadas competencias y no podría asumir nuevas por falta de personal y de recursos.

Parte de las reformas abre paso a este proceso. Representantes de organizaciones de comunicación sugieren que se explique el mecanismo, además de llevar ante la Justicia a quienes fueron parte de la administración.

Cuatro entidades estatales vigilarán los anuncios. Se mantienen derechos ciudadanos como la rectificación, la réplica y la respuesta, entre otros.

Los medios públicos tendrán un consejo ciudadano ajeno a su estructura interna. Los comunitarios presentarán sus propias propuestas de cambios.

Entre las competencias del organismo, el Ejecutivo planteó que puedan evaluar los proyectos comunicacionales para el concurso para la asignación de frecuencias. Se prevé que el pleno tendrá otros dos integrantes.

Además de garantizar que las organizaciones sociales vigilen a los medios, el proyecto de cambios a la norma de Comunicación también busca que las empresas informativas publiquen las acciones encaminadas a la inclusión. La protección pública a periodistas también es recogida, tras el secuestro y asesinato de tres reporteros.

El primer eje del proyecto enviado por el Ejecutivo busca que el cuerpo legal sea el garante de los derechos constitucionales e internacionales.