La empresa española, que asumiría en solitario la construcción del sistema de movilidad, ha sido investigada por varios casos de corrupción en España.

El Gobierno Nacional ha señalado movimientos bancarios por unos $ 30 millones del exconcejal de Ambato.

Según el gerente de la empresa municipal, el consorcio constructor se negó a redefinir los costos de la Fase II.

El presupuesto referencial establecido por los estudios previos determinaba $ 182,8 millones como costos indirectos, pero este rubro equivaldría actualmente a unos $ 432 millones.