La acometida que soportaron alrededor de 300 entidades públicas desde el jueves 11 de abril, cuando se produjo la detención de Julian Assange, ubicó al país en el puesto 31 en el ranking mundial de las naciones más agredidas.

En audiencia de formulación de cargos que concluyó la madrugada de ayer, el magistrado también ordenó la inmovilización de las cuentas del procesado y concedió 90 días a la Fiscalía a fin de que recopile nuevas evidencias.

Luego de que Ecuador retiró el asilo político al australiano, diferentes sectores plantean alternativas para recuperar los $ 6,2 millones que gastó el Estado en la manutención del hacker.