Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la universidad amazónica fueron entregadas a legisladores.

Este es el segundo proceso penal contra Jorge G. El primero es por presunta asociación ilícita. Cinco contratos de la constructora también están bajo la lupa.

El peritaje realizado a los documentos que entregó el testigo protegido, Alfredo A., revelaron fotografías de las misivas que fueron remitidas a la Vicepresidencia de la República en abril de 2017 y que luego aparecieron en poder de Ricardo R. La defensa de Jorge G. quiere desvirtuar esas evidencias, aseguran que no se puede verificar la autenticidad de los documentos que ahora forman parte del expediente fiscal.

Los exámenes de la Contraloría a los sectores estratégicos y a los contratos con la empresa brasileña reposan en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

En la lista constan 76 personas naturales y jurídicas, entre ellas funcionarios que trabajaron en el SRI y otras instituciones, reclutados por la compañía porque, al parecer, tenían información privilegiada.

Un análisis contable a los movimientos financieros reveló la ruta que supuestamente usó la constructora brasileña para pagar coimas a intermediarios y funcionarios públicos. En ese peritaje se asegura que Columbia Management fue la empresa que más recibió dinero en los últimos siete años. Según las indagaciones, esa compañía está presuntamente vinculada a Ricardo R., tío del Vicepresidente.

El análisis de la Unidad de Investigaciones de Apoyo de la Fiscalía llamaba ‘Nivel Directivo’ a las supuestas relaciones entre el Vicepresidente, su tío Ricardo R., el excontralor Carlos Pólit y el exdirector de Odebrecht, José Conceição Santos. Sus nombres se repiten en los informes sobre los contratos de la hidroeléctrica Manduriacu, del Poliducto Pascuales, del trasvase Daule-Vinces y de la Refinería del Pacífico.

El reporte de Estados Unidos habla del código ‘Tío’ en el pago de la coima en Manduriacu. La Fiscalía alista nuevos procesos contra los sospechosos.

Venció el plazo de 30 días que dio el Gobierno para que Odebrecht corrija problemas detectados en la edificación del poliducto. Se deberán ejecutar las garantías por $ 60 millones para remediar y terminar una obra que hace dos años debió ser entregada definitivamente y que le terminó costando al país el doble. Exdirectivos de la estatal petrolera y de la empresa brasileña afrontan ahora procesos legales por corrupción.

El testigo Alfredo A. entregó copias de 251 mails al Fiscal. En ellos se verifica que el tío del Vicepresidente sí tenía información de inversores que buscaban al representante del Ejecutivo.