Carrillo advirtió que después de que se conociera el hecho se ha recabado mayor información para presentarla a la administración de justicia.

Según el organismo financiero, la demanda de inversionistas superó los $ 1.000 millones, para programas y proyectos en la región.

Las entidades públicas y privadas que mantengan deudas pueden cobrar estos valores a través de papeles del Estado o Certificados de Tesorería.

Los inversionistas tienen hasta el 31 de julio para concretar su postura sobre la propuesta ecuatoriana de reestructurar la deuda de $ 17.375 millones.