La población de Saraguro (Azuay) mantiene presente la sanción impuesta a un conductor que chocó accidentalmente su vehículo contra otro automotor. La comunidad indígena que se asienta en ese territorio le aplicó una penitencia a quien provocó el impacto: El culpable tuvo que velar por la salud del perjudicado y debió asistir económicamente a su familia hasta que se repusiera. 

En Colta (Chimborazo) cinco hombres fueron amarrados a un árbol por un supuesto intento de robo de una camioneta de un comunero indígena. Mientras las manos de los detenidos estuvieron fuertemente atadas, el perjudicado golpeaba con ortiga en el cuerpo a los sospechosos, que estaban sin camisa, hasta que la piel de los acusados presente muestras del castigo.       

Asunción Andrade, fiscal de Asuntos Indígenas de Saraguro, explica que aquellas son dos manifestaciones que las poblaciones tienen para aplicar lo que se conoce como justicia indígena.

El agente precisa que las comunidades indígenas pueden sancionar a los infractores  con multas, devolución de objetos robados, baños de agua fría, golpes con ortiga y hasta con látigo. “Todo va de acuerdo con la costumbre y procedimiento de la cultura en que se vive. Eso es norma. Pero quemarlo es un exceso. No hay pena de muerte”, explica Andrade en alusión a los ajusticiamientos de la Sierra y la Costa que han dejado como resultado varios fallecidos.  

El último de esos casos se registró hace tres semanas en Saquisilí (Cotopaxi), donde un hombre acusado de robar en una vivienda fue capturado por los moradores de la zona y, luego de ser castigado por ellos, lo quemaron con gasolina.

 “Dentro de la sanción de la administración de la justicia indígena no está estipulada la muerte o el asesinato”, coincide Vicente Tibán, fiscal de asuntos indígenas de Latacunga, cantón de la provincia en la que se hizo la reciente ejecución.

Después de ese hecho, el Ministro Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, declaró que las personas y cabecillas de esos actos serán encarceladas y “los fiscales indígenas serán los primeros en responder”, enfatizó.

No obstante, ante dicho cuestionamiento, los agentes consideran que el trabajo de las fiscalías de la etnia es bueno.

Tibán dice que hasta el momento, desde hace un año, la Fiscalía cumple con las expectativas que esperaba el movimiento indígena de Cotopaxi. “La muerte fue un hecho aislado. Ni siquiera la Policía nos avisó cuando ocurrió eso. Lo podríamos haber evitado como lo hicimos en la semana siguiente en otro lugar”, se defiende. 

De la misma forma el fiscal de Guamote (Chimborazo) Silvio Velasco opina que la ciudadanía del cantón -que tiene 95% de población indígena-  está agradecida de la gestión. “Los ajusticiamientos no se han dado en el cantón Guamote, que es mi jurisdicción. Se han dado en el cantón Colta”, indica. 

Por ese motivo, desde que se produjo el último ajusticiamiento, el Ministerio Público dispuso de forma urgente que los agentes indígenas visiten las comunidades para que queden claros los límites que tienen los miembros de la etnia para aplicar castigos ancestrales a quienes cometan faltas en sus territorios.

“Los fiscales tienen que ser los grandes mediadores entre la justicia ordinaria y la llamada justicia indígena para evitar esos actos”, enfatiza el ministro fiscal. 

Sin embargo, hay grupos comunitarios que no están satisfechos con el trabajo de la institución.

Para Delfín Tenesaca, líder del Movimiento Indígena de Chimborazo, la Fiscalía, al igual que la Policía, se limitan a cuidar al detenido y no resuelven el problema. “Dicen que no les hagan nada, que ellos los juzgan y nada más, pero no participan en ese proceso”.

Tenesaca señala que las fiscalías tienen que crear un sistema para que se convierta en una justicia intercultural en la que se participe de acuerdo al derecho y a la cultura de los pueblos. “Deberían capacitarlos y reorientarlos acerca de la razón por la que fueron creados”.

Aunque hay percepciones como la de Abraham Salazar, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, quien considera que los pueblos y nacionalidades de la etnia han conquistado un espacio con la existencia de la Fiscalía. “Hemos sido capacitados por ellos”, indica.

Y deja claro que van a mantener su forma de hacer justicia. “La aplicaremos aunque la ley no nos ampare”, advierte Salazar. “Pero sin llegar a las muertes”, finaliza.

 Esos excesos y malas interpretaciones de la justicia indígena, norma contemplada en el artículo 171 de Constitución,  quieren ser evitados en la Comisión Legislativa a través de la implementación de una ley.

“Hemos planteado un articulado para las diversas leyes constitucionales a nivel de justicia general e indígena”, acota el asambleísta Luis Guamangate (Pachakutik).

 El miembro de este colectivo sostiene que la Carta Magna vigente presenta un vacío legal que puede provocar ajusticiamientos. “Está aprobado un artículo en la Constitución, pero no hay una ley”, aclara. 

 Pero la asambleísta Rosa Alvarado (PAIS) enfatiza que en la Carta Magna está claro que la solución de los conflictos no debe ser contraria a la Constitución ni a los derechos humanos.

“Incluso, el Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla principios de aplicación de justicia indígena. Enfatizan que no puede haber trato inhumano, cruel o degradante amparándose en normas de la justicia indígena”.

 Asimismo, la legisladora desmiente que los ajusticiamientos se hayan dado solo por indígenas. “También los han provocado personas que no son de la etnia. Hay grupos que quieren enfrentar el reconocimiento del Ecuador plurinacional y de la justicia indígena”. 

 El ministro fiscal tampoco justifica que los ajusticiamientos se hayan dado por vacíos constitucionales. “Algunos que pretenden dar rienda suelta a sus instintos primarios intentan escudarse en eso”.

Según él, en 15 días se convocará a una reunión con los dirigentes indígenas de todo el país, fiscales de la etnia y sociedad en general para analizar, poner instructivos y pensar en una ley secundaria que legisle respecto al enunciado de la justicia de ese segmento de la población. (JTB).