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La infraestructura y la falta de tiempo preocupan a maestros

La infraestructura y la falta de tiempo preocupan a maestros
26 de abril de 2012 - 00:00

Las autoridades de los centros educativos han empezado a establecer estrategias para pulir los cuatro parámetros que se tomarán en cuenta dentro de la evaluación a los planteles por parte del Ministerio de Educación (ME). Esto, luego de que la Secretaría del ramanunció una valoración de alrededor de 30.000 establecimientos educativos, públicos, privados y fiscomisionales. 

La viceministra de Gestión Educativa, Mónica Franco, explicó que el proceso será gradual. Comenzará en septiembre próximo en los planteles de la Sierra y en la Costa se desarrollará en abril de 2013. Los establecimientos serán calificados bajo los parámetros de infraestructura, estándares de aprendizaje, desempeño directivo-docente y gestión escolar.

Dignidades de los centros del régimen Sierra señalaron que la medida es buena, siempre y cuando sea para corregir los problemas en el sistema educativo, pero reconocieron que el tiempo les queda corto. Con este antecedente, la mañana de ayer, las autoridades del Colegio Abdón Calderón (sector de Calderón –norte de Quito-) sostuvieron una reunión para delinear estrategias y así cumplir los márgenes de calidad. El plantel cuenta con 350 estudiantes en la sección nocturna y 450 en la sección diurna.

Jorge Eduardo Romero, inspector de la institución, aseguró estar de acuerdo con la medida. “Será favorable para saber qué nivel de educación estamos impartiendo”, dijo. No obstante, reconoció que existe preocupación sobre la infraestructura, ya que la institución es fiscal-rural y no cuenta con ciertas implementaciones. “No tenemos laboratorio de química ni de física. Nos hace falta una sala de audiovisuales y solo contamos con una cancha de básquet”.

Hay otras instituciones fiscales que se muestran optimistas, puesto que siempre han contado con un sistema de autoevaluación, por lo que la medición no les agarra por sorpresa. Así lo aseguró Fanny Rodríguez, rectora del Colegio Montúfar, institución con 70 años de trayectoria que cuenta con 2.871 alumnos en la jornada diurna y 743 en la nocturna.

Rodríguez explicó que dentro de los estándares de aprendizaje, la Gestión Escolar engloba la autoevaluación, cuyo proceso lo realiza el colegio al finalizar el ciclo escolar. “Cada departamento presenta un informe de cuentas pormenorizado”, señaló.  

La rectora también se pronunció sobre el estándar de infraestructura. Reconoció que a pesar de ser uno de los colegios mejor dotados, falta mayor implementación en el área de baños y en los laboratorios de Ciencias Naturales, de Anatomía y de Química. “Por lo demás estamos bien. Listos para la evaluación que sea necesaria”, señaló.

Rómulo López, secretario de la Confederación Ecuatoriana de Establecimiento de Educación Católica (Confedec), sugirió que para cumplir con los 4 estándares debería realizarse una evaluación interna “para conocer el grado de satisfacción de los padres y de los maestros” y luego diseñar un plan de mejora. Por lo pronto indicó que Confedec -organismo que agrupa a 1.150 establecimientos- realizará una auditoría interna previo al control del ME.

Las sugerencias de López no representan una novedad. Incluso han sido previstas y ejecutadas  por otras federaciones educativas. 

Teodoro Álvarez, rector del Colegio Tomás Moro de Quito y representante de la Organización de Colegios Particulares Laicos (Corpoeducar), señaló que los estándares con los cuales evaluará el ME no son nuevos para la educación particular, tanto católica como laica.

“Desde hace varios años ya hemos encuestado la satisfacción de los padres de familia y de los estudiantes, quienes evalúan el desempeño de la institución”, precisó. Incluso, aseguró que la mayoría de centros educativos que conforman Corpoeducar tienen acreditaciones como la norma ISO, certificación FMQ, entre otras.

Milton Luna, director del Contrato Social de la Educación, opinó que más allá de los estándares que se tomarán en cuenta en la evaluación, espera que estas no sean empleadas “para responsabilizar de la crisis a los estudiantes y a los docentes”.

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