Estado institucionalizado y sociedad corresponsable

Ecuador, el pasado 16 de abril, experimentó la peor catástrofe natural en los últimos 70 años, luego del terremoto de Ambato de 1949.

Un terremoto de 7,8 en la escala Richter, con epicentro entre Pedernales y Cojimíes, dejó 660 fallecidos, 15 personas desaparecidas, 30.223 personas albergadas (datos oficiales al 4 de mayo 2016). También son alarmantes las pérdidas materiales en viviendas, negocios e infraestructura pública y privada, una primera estimación del Gobierno Nacional habla de pérdidas que giran alrededor de los 3.000 millones de dólares.

La primera etapa de socorro, rescate y atención humanitaria podría calificarse como muy positiva dado el cumplimiento de las responsabilidades estatales y una respuesta de la sociedad poco antes vista.

Estado y sociedad respondieron a la altura de la penosa circunstancia.

Y es que cuando se habla de Estado también nos referimos a los gobiernos provinciales, las alcaldías, las juntas parroquiales, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos y muchos rescatistas pertenecen a entidades estatales.

Pero también se hizo sentir la sociedad. Y qué bueno que así sea. Niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades y condición social se hicieron presentes con donaciones y/o trabajo voluntario en centros de acopio, albergues, cocinas comunitarias y demás.

Universidades, sindicatos, empresas privadas, grupos de voluntarios y hasta familias y amigos organizados buscaron llegar a las zonas afectadas para prestar su contingente.

En definitiva, todos, absolutamente todos, han cumplido un buen papel en esta primera etapa. Unos en el marco de sus responsabilidades y capacidades de acción, otros incluso rebasándolas (para bien o para mal). Cabe destacar, también, el apoyo de muchos países, del sistema de las Naciones Unidas y de varias instancias de cooperación internacional.

Lamentablemente, el paso del tiempo y la consecuente disminución de la tensión han dado paso a posiciones radicalizadas, que sostienen una especie de privatización de la reconstrucción (la sociedad lo puede todo sin ayuda de nadie) o una extrema centralización de las decisiones y las acciones (el Estado debe hacerlo sin apoyo de la sociedad). Ambas posiciones llevan a un juego de suma cero, es decir, nadie gana nada.

Este desastre natural nos dejó mucho dolor y algunas lecciones que debemos aprovechar. Una de ellas es que la ecuación Estado institucionalizado junto con sociedad corresponsable y solidaria es una potente fórmula. Apoyo esta afirmación en un reciente estudio del Ciees (Centro de estudios de opinión pública), que devela que todos los actores valorados por la ciudadanía lograron calificaciones entre 75 y 97 puntos sobre 100. Es decir, se ha valorado muy bien la participación de todos.

La etapa que viene seguramente es menos dolorosa en lo humano, pero igual de complicada y de mayor aliento: la reconstrucción.

La reconstrucción supone tareas diferenciadas para los actores, pero complementarias. También pone en el tapete temas de indudable importancia, pero de posiciones encontradas. Ejemplos de ello son las medidas solidarias para financiar una parte de la reconstrucción, o la aprobación de una ley que regule aspectos del ordenamiento territorial y el uso del suelo.

El país enfrenta un dilema: volverse a sumergir en un debate visceral sobre cada tema que aparece en la coyuntura o demostrar cohesión social para superar el peor desastre natural de los últimos 70 años.

Algo que puede ayudarnos a enfrentar este dilema es recordar que no solo se perdieron vidas y propiedades, quedaron también nuevas historias, como la de niños que perdieron ambos padres, adolescentes solos, potenciales víctimas de abusos, extorsión y manipulación; o personas que habían salido de la pobreza y vuelven súbitamente a ella.

Las cicatrices del terremoto obligan a que la ecuación de Estado institucionalizado junto a una sociedad corresponsable y solidaria se sostenga por tiempo indefinido. (O)