Perseguir a una subalterna, o burlarse de un compañero gordo o hacer la vida imposible a un nuevo jefe. Todo eso se considera acoso laboral.

Es decir, es el comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, ejercido de manera reiterada y lesiva, en el lugar de trabajo. El resultado del hostigamiento ocasiona menoscabo, maltrato, humillación o amenaza y perjudica su situación laboral.

Está contemplado en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y el Código del Trabajo, que es en Ecuador. Esa fue la primera normativa de la oposición aprobada en 10 años en la Asamblea, en octubre de 2017.

Su autor es Raúl Auquilla, asambleísta de CREO por la provincia de Loja. “Es un problema grave en el país. Es la manera que utilizan los patronos para despedir a los trabajadores sin la indemnización”, explicó a este diario.

Pero las cifras no representan esa situación en su real dimensión. Según el Ministerio del Trabajo, hay 347 denuncias registradas de 2015 a 2017 (ver infografía).

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¿Las razones? La mayoría de víctimas tiene miedo a denunciar porque necesita el empleo para vivir.

Eso ocurrió con Fernanda T., exfuncionaria pública. Ella tenía su oficina al frente de un director de otra área. El hombre le lanzaba miradas lascivas y le escribió por un chat interno de la institución “Qué bonita estás hoy, deberíamos salir”.

Fernanda T. le comentó a su jefa y ella puso una queja. Desde ese momento aquel hombre le declaró la guerra, la veía con odio, incluso la amenazó. Le dijo que, si lo denunciaba, él se encargaría de que nunca más consiguiera trabajo en una empresa pública. Al final, ella nunca lo denunció y la despidieron.

Otro ejemplo: el acoso es una práctica común cuando una administración se termina y empieza una nueva. Es usual después de las elecciones seccionales. Los ganadores se deshacen de los contratados por las autoridades anteriores. Los dejan sin funciones o cambian de lugar a los empleados, señaló el legislador Auquilla.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene cifras preocupantes sobre el tema. El 15% de los suicidios en el mundo es por acoso laboral. Pero en Ecuador no existen investigaciones”, comentó el legislador.

Pero la ley sí especifica diferentes tipos de acoso: horizontal, es decir, entre trabajadores de un mismo rango. O vertical, de un superior al subordinado y de un subordinado a un superior.

Lorena B. sufrió acoso vertical, o sea, de sus subalternos y de su máximo jefe. Ella tenía un cargo directivo de comunicación en una institución pública. Al llegar encontró a un equipo que no sabía nada, que no tenía información y que le daba la espalda en cuanto al know how institucional.

“Me hicieron la vida imposible y mi estrés era crónico”, confesó. Pero, además, el jefe la maltrataba. Y agregó: “Nos decía ineptos, no saben escribir, eso se aprende en la escuela...”.

La presión psicológica era tal que cuando él la llamaba a su oficina, ella iba con pánico, por su mal humor, pero sobre todo, porque la trataba con una falta de respeto absoluta y la insultaba.

El problema del acoso laboral preocupa a los sindicatos. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que  en la época del gobierno de Rafael Correa se publicaron reglamentos en el Ministerio  de Salud y Educación y en otras empresas públicas, que prohibían opinar sobre las políticas públicas y laborales. “Hubo amenazas y despidos por esos pronunciamientos en algunas escuelas y colegios públicos”, recalcó.

Erazo citó dos ejemplos: en una empresa pública despidieron a 50 trabajadores por pedir cambios y no callar. En un gobierno municipal, los trabajadores denunciaron el estado de la maquinaria para recoger la basura. “Por eso los chantajearon y amedrentaron”.

¿Qué deben hacer las víctimas? Tienen que denunciar estos casos en sus trabajos. Allí se inicia un procedimiento y una investigación. Los afectados deben presentar pruebas documentadas del acoso.

La ley prevé sanciones para este problema: visto bueno para el acosador, disculpas públicas e indemnización, según la gravedad del caso. En la Losep la destitución está contemplada por acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de  servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones.

Según esa normativa, otra causal de destitución es atentar contra los derechos humanos de funcionarios mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión.

Una vez presentada la petición para terminar la relación laboral, la empresa –privada o pública– tiene que abrir una conciliación, la cual estará presidida por una autoridad laboral que escuchará a la víctima, a los representantes de los trabajadores y del empleador.

Aunque la ley ampara a las personas que sufren acoso, los afectados dudan de su efectividad. Aquello ocurrió con Eduardo B., funcionario de una empresa pública local. Por cambio de autoridades lo movieron del área que trabajaba a otra. Allí su nueva jefa le dijo que se olvidara de su profesión porque debía  hacer lo que ella disponga.

Ella hizo comentarios de su apariencia física. Le dijo que estaba con sobrepeso y que se cuidara. Él era docente y estudiaba otra carrera a distancia. Pero ella  señaló que no gustaba eso porque eran distracciones.

Para evitar el trámite, Eduardo nunca presentó la denuncia en la empresa que trabajaba, pero sí lo  hizo en un ministerio que jamás hizo nada por él.

En cambio, otros creen que los trabajadores pueden escudarse en el acoso para ocultar su ineficiencia, destacó Anabel D., jefa de un equipo de periodistas. (I)

¿Cómo probar?
Testimonios
Es difícil demostrar el acoso y se solicita una prueba testimonial, es decir, el jefe o la persona de recursos humanos declara. Si miente será acusado de perjurio. Si se comprueba, el acosado tiene derecho a un año de remuneración.

2 instancias para denunciar el acoso: Talento Humano de la empresa y el Ministerio del Trabajo.

Clima laboral
En América Latina, el país con más mobbing (acoso) es Chile. En cambio, en Europa, Italia y Portugal tienen medidas para evitar el acoso y son los países con el menor número de casos. (I)

¿Qué se hace contra el hostigamiento en el mundo?

La lucha contra el acoso laboral es una tendencia global. Como dijo el psiquiatra alemán Heinz Leymann, en su obra: Mobbing, la persecución en el trabajo (1996): “Es en las sociedades altamente industrializadas del primer mundo donde el entorno laboral es el único campo de batalla en el que es posible matar a alguien sin ser juzgado. Y el mobbing no es más que matar laboralmente y socialmente”.  

Afortunadamente en la actualidad, a nivel mundial, se ven esfuerzos constantes por acabar con la violencia en el trabajo con leyes que permiten denunciar y castigar a los acosadores. Esto se leyó en el Foro ‘Violencia y acoso en el lugar de trabajo’, que fue el jueves, en Quito.

Allí, la embajadora de Canadá en Ecuador, Marianick Tremblay, dijo que en su país se manejan políticas laborales dentro de las empresas privadas y de los ministerios del Gobierno donde se puede denunciar de forma anónima.

También fomentan las encuestas para asegurar que los ambientes de trabajo estén libres de acoso y de todo tipo de agresión.

“Todavía debemos trabajar en la cultura en general, pues la gente tiene miedo de denunciar. Hay que cambiar las mentalidades de las personas porque a veces dicen cosas que parecen bromas, pero no lo son. En todo el mundo se debe inculcar el respeto desde los más pequeños para que, al crecer, sean unos adolescentes y adultos respetuosos. Si logramos eso podremos mejorar los ambientes de trabajo”, señaló Tremblay a este diario.

En Canadá las denuncias de acoso laboral se investigan y, dependiendo de la gravedad, el agresor incluso puede ir a juicio y después a prisión.

Otra participante del foro, Sandra Muñoz, coordinadora de la Incidencia Regional para América Latina de la organización sin fines de lucro Care, comentó cómo se maneja el acoso laboral en Colombia.

En ese país, y por lo general en la región, se implementan leyes que regulan el acoso laboral sin enfoque de género, pero no se reciben denuncias anónimas. Tampoco hay líneas telefónicas gratuitas para receptar las quejas y dar una respuesta inmediata.

“La regla general de Colombia es que las mujeres no denuncian el acoso laboral porque saben que no se amparan sus derechos. Entonces, el 90% de los casos se pierde. Las víctimas prefieren callar y cambiarse de puesto”, explicó a este diario.

En ese país la Ley 1010 de Acoso Laboral no prevé medidas de rehabilitación para las víctimas. Según Muñoz, lo más grave es que son mandatos sin enfoque de género. Ella recomendó poner un énfasis específico en las violaciones y agresiones que sufren las mujeres, son más vulnerables al acoso sexual y no hay permisos suficientes para temas de los hijos ni igualdad de salarios y de oportunidades; y se convierte en acoso laboral y discriminación. (I)