En 1975 y luego de una larga polémica, Francia decidió despenalizar el aborto mediante la Ley Veil, que recibió ese nombre por su impulsora, la entonces ministra de Salud, Simone Veil. Sin embargo, la controversia respecto al aborto no terminó ahí. Años más tarde, el presidente Válery Giscard d Estaining (1974-1981) tuvo un tenso diálogo con Juan Pablo II. “Yo soy católico y contrario al aborto”, le dijo el mandatario francés. “Pero soy el presidente de un Estado laico y no puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos”, agregó, ante la atenta mirada del Papa.

Los defensores del aborto suelen citar la frase de Giscard cuando surgen diferencias valóricas. Y esto es lo que ha ocurrido en Chile, el único país de Sudamérica donde el aborto está penalizado sin excepciones. En Guyana y Uruguay, el aborto está completamente despenalizado e incluso desde 2012 a las uruguayas se les permite interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas.

En otros países de la región está permitido en casos de violación (Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia) o si la vida de la madre corre peligro (Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela). En el caso de Ecuador, también se autoriza el aborto cuando el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer que padece discapacidad mental.

Entre 1931 y 1989, es decir durante 58 años, en Chile el aborto terapéutico fue legal. Todo cambió en julio de 1988, en el penúltimo año de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando el entonces comandante de la Armada, José Toribio Merino, envió una moción a la Junta Militar para modificar el artículo 119 del Código Sanitario con la finalidad de prohibir la interrupción del embarazo. Un año después, se aprobó la moción y se estableció que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

Pero esta realidad podría cambiar, dado el contexto regional, pero también luego de un caso que ha conmovido a la opinión pública chilena. Se trata de una niña de 13 años que fue violada por uno de sus familiares y que quedó embarazada producto de ese delito. Cuando este caso salió a la luz pública, la niña ya tenía 33 semanas de gestación y además su feto era inviable.

Entonces se reabrió el debate sobre el aborto terapéutico. Los partidarios de que a la niña se le permitiera abortar señalaron que la situación de la niña implicaba un riesgo vital para ella. Además, el caso dejó en evidencia que el Estado chileno se mostró impotente para resguardar la vida de la menor, cuyo recién nacido finalmente falleció el viernes pasado.

Por eso es que en los próximos días, la Comisión de Salud del Senado chileno pondrá en la mesa un proyecto que busca despenalizar el aborto en casos de violación, riesgo vital para la madre o inviabilidad del feto. Todas estas variables se cumplían en el caso de la niña de 13 años. En su cuenta pública del pasado 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet prometió que el aborto será despenalizado antes de fin de año, pero el proyecto se retrasó debido al impase que esto produjo con la Iglesia Católica, aún muy influyente en Chile.

La mandataria socialista también dijo recientemente en una entrevista con el diario español El País que “hay una enorme cantidad de mociones parlamentarias en la Cámara y en el Senado. Estamos en la etapa de revisar todas esas mociones y mirar cuál vamos a apoyar, cómo vamos a apoyarla, de manera que podamos avanzar en la despenalización”.

De acuerdo con un sondeo de Plaza Pública Cadem, el 75% de los chilenos está a favor del aborto si hay algún tipo de riesgo para la vida de la madre, el 74% cuando el embarazo es producto de una violación y el 73% cuando existe una altísima o total probabilidad de que el feto no sobreviva.

Por la penalización del aborto, Chile ha recibido sendas críticas de los organismos internacionales. En septiembre, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe como parte de la campaña ‘Mi cuerpo, mis derechos’, en el que solicitó al gobierno chileno a que despenalice el aborto en todos los casos posibles. A su vez, Naciones Unidas recomendó a Chile permitir el aborto cuando se trate de personas menores de 18 años.
“Recomendaríamos la despenalización del aborto para niñas menores de 18 años, como un tema de salud fisiológica y mental”, señaló la ONU, que estima que en Chile se producen anualmente entre 60 mil y 70 mil abortos ilegales.

Según un informe del Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna (Melisa Institute), publicado por el diario La Tercera, en Chile se realizan 18 mil abortos al año, aunque estimaciones de la Universidad de Chile hablan de al menos 100 mil.