Las autoridades del colegio Mejía de Quito ya  tienen listos los expedientes disciplinarios de 58 jóvenes -de un total de 68- que participaron en las manifestaciones del 18 de septiembre pasado. Ello servirá de insumo para que la Junta  Distrital de Resolución de Conflictos resuelva si se aplicarán o no sanciones administrativas.

El retraso en el proceso motivó que ayer 10 padres de familia protesten para exigir la reincorporación inmediata de sus hijos a clases y evitar desfases académicos. “No es posible que nuestros hijos queden fuera de la institución, cuando, este es el último año de mi hijo, vamos a estar aquí”, dijo Julio Saquipay.

El rector Jaime Torres explicó que la demora se produce porque algunos representantes no han acudido a las audiencias convocadas por el plantel para explicar la situación de sus hijos, lo que garantiza su derecho a la legítima defensa.

“Iba a afectar a los estudiantes si enviaba el informe sin darles la oportunidad de la legítima defensa. El proceso administrativo interno tomará un día más, tenemos 58 informes listos y faltan aún 10”, dijo. Una vez que la Subsecretaría Distrital tenga el informe completo,  la entidad tendrá 15 días para emitir una resolución.

Esta premura exigida por la autoridad distrital, para conocer el reporte del colegio, motivó que el rector, el vicerrector y el inspector general planteen su renuncia.

 Pero tras aclarar el ‘malentendido’, la subsecretaria Francisca Herdoíza expresó su respaldo a los directivos y fueron ratificados en el cargo.

“Entendemos la situación que atraviesan los padres y como Ministerio estamos tratando de que estos procesos se evacúen lo más pronto posible. Hemos pedido al rector que ya emita los informes para que la Junta Distrital pueda pronunciarse  y resolver esta agonía lo más pronto posible. Nuestro compromiso es celeridad y transparencia”, dijo Herdoíza, tras precisar que no se trata de una doble sanción para los jóvenes, que ya fueron procesados por la justicia ordinaria.

La funcionaria indicó que el plantel evalúa si los jóvenes cometieron alguna de las faltas consideradas graves en el reglamento disciplinario como ‘realizar actividades tendientes a paralizar el servicio educativo, alterar los códigos de convivencia o causar daños a la propiedad pública o privada’.

Mientras tanto, en el interior del plantel, los alumnos participaban de las campañas electorales para elegir al cogobierno estudiantil.