Las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado en la ex Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de Quito (Emduq), entre el 9 de enero de 2006 y octubre del 2009,   no sorprendieron a  la concejala Macarena Valarezo, quien formó parte de la administración del ex alcalde Paco Moncayo.  

La funcionaria dijo  que en varias ocasiones  solicitó  transparentar la gestión de esa dependencia, que aprovechándose de la falta de normas claras manejaba  fondos públicos  como si fuera  privada.

“En la Emduq se  hacía y deshacía como les venía en gana” manifestó; “se cobraban arriendos de 1.500  dólares cuando el valor comercial era de 6.000, se daban regalos a  funcionarios por cumpleaños, se compraban  pavos y bonos por Navidad y  se   prestó, de la caja pública, a una persona ajena a la empresa, algo prohibido por la ley y que se evidenció en el informe de la Contraloría”.

Dicho informe del organismo de control halló indicios de responsabilidad administrativa  en contra de varios ex funcionarios, entre ellos, el entonces gerente Edmundo Arregui. En una entrevista con un rotativo local, Moncayo dijo estar “alarmado” por la noticia, pues admitió que propuso el nombre de Arregui porque conoce a sus padres y hermanos, quienes  son “dignos e intachables”.

Para Valarezo, no se puede afirmar que Moncayo haya conocido  esas irregularidades, pero afirma que era  responsabilidad del alcalde  conocer el manejo de las corporaciones, creadas en ese momento para “descongestionar” la administración municipal. Y considera que existió “un exceso de confianza” por parte de Moncayo hacia Arregui.

Los implicados en el informe de la Contraloría aún pueden justificar el uso de 1’007.912,61 dólares, que solicita el organismo de control.  Mientras tanto Valarezo señala que las irregularidades eran  más graves en la   corporación Vida para Quito, en donde “era un secreto a voces” el despilfarro de los fondos públicos, por lo que espera los resultados  de la nueva auditoría.

Por otra parte, Galo Torres, actual gerente general de la Emduq, cree  que la investigación de la Contraloría presenta “pruebas incontrastables que revelan el despilfarro de recursos”, de los cuales existían ciertos indicios que motivaron al  alcalde Augusto Barrera a ordenar una auditoría y consecuentemente la transformación  de esos “municipios paralelos” en secretarías dependientes de la Municipalidad.

En esa línea, informó que la Emduq ha recuperado la cartera vencida casi en su totalidad, cobrando arriendos atrasados a los propietarios que estaban acostumbrados a pagar  con prestación de servicios.

En el proceso también se reformó el marco jurídico y  se ratificó el carácter de empresa pública, eliminando por completo las prebendas como bonos y agasajos para los funcionarios.  

El monto analizado por la Contraloría fue de 11’917.138,99 dólares, de los cuales más de 1  millón no se justificaron. La investigación tomó en cuenta facturas, contratos de arrendamiento,  concesiones  mercantiles e ingresos recibidos por ese concepto. Además se detectó  que los salarios entre   funcionarios del mismo rango eran distintos