La jueza adjunta del Juzgado Primero de Trabajo de Pichincha, Elizabeth Cárdenas Coronado, acogió las medidas cautelares solicitadas por el ex concejal de Quito Antonio Ricaurte, con lo que deja en suspenso el ajuste del impuesto predial y otras contribuciones en la ciudad.

El 13 de diciembre pasado, Ricaurte presentó una acción constitucional con medidas cautelares en contra del Municipio de Quito, por las reformas a las ordenanzas para el ajuste del impuesto predial en la ciudad, el aporte por mejoras y el reavalúo de los cerca de 750.000 predios registrados en el distrito.

La jueza avocó conocimiento de la acción y fijó una audiencia entre las partes involucradas para mañana, a las 08:30. El propósito es que las partes presenten todas las pruebas pertinentes sobre el proyecto de reformas al régimen impositivo tributario, así como los lineamientos de política tributaria a implementarse.

Hasta tanto, la jueza Cárdenas indicó que se conceden las medidas cautelares solicitadas, conforme lo señala el artículo 87 de la Constitución y el 26 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. De ese modo, quedan suspendidas las reformas a las ordenanzas que facultaban al Municipio de Quito al ajuste del impuesto predial y otros.

El concejal Marco Ponce indicó que en el marco legal queda suspendida la medida hasta tener una decisión definitiva normal, sin embargo, espera que sea  favorable la suspensión de estos impuestos, al tiempo de considerar que la demanda presentada por Antonio Ricaurte tiene fundamento legal.

Mediante un comunicado oficial, el Municipio Metropolitano rechazó la resolución de Elizabeth Cárdenas, quien “extralimitándose a lo pedido por el accionante, ordenó la suspensión de las ordenanzas”, cuestión que nunca fue solicitada por el accionante. Además, dichas ordenanzas ya fueron publicadas en el Registro Oficial, antes de la emisión de la providencia.

Al ordenar la suspensión de las ordenanzas, la jueza estaría incurriendo en responsabilidades civiles, penales y administrativas,  ante las cuales el Municipio advierte con iniciar  acciones legales.
Hasta la tarde de ayer la providencia de calificación dictada por Cárdenas no había sido notificada oficialmente al Municipio de Quito, pero se conoció que está en trámite.

Este tema jurídico está en estudio en el Departamento de la Procuraduría Municipal, en donde se trabaja en los argumentos de defensa.