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El Telégrafo
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Los ciudadanos exigen la ejecución de trabajos considerados prioritarios

11 barrios retiran su apoyo al proyecto Quitocables

Representantes de 11 barrios del noroccidente de Quito aseguraron que no permitirán expropiaciones.
Representantes de 11 barrios del noroccidente de Quito aseguraron que no permitirán expropiaciones.
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO
11 de mayo de 2017 - 00:00 - Redacción Ciudadanía

“El alcalde Rodas no ha cumplido con las obras ofrecidas. Prefiere destinar recursos a un proyecto innecesario que atender las verdaderas necesidades para los ciudadanos; por lo tanto, retiramos definitivamente nuestro apoyo al proyecto Quitocables”, afirmó Vicente Sarango, presidente de la Asociación de Barrios del Noroccidente de Quito.

Esta decisión se socializó ayer, durante una rueda de prensa, en la que dirigentes barriales, que anteriormente respaldaron este proyecto de movilidad, expusieron sus motivos para el actual rechazo.

Las obras ofrecidas corresponden a la continuación de proyectos iniciados en la administración de Augusto Barrera. “La dotación de luz eléctrica e implementación de servicio de alcantarillado se quedaron en la primera etapa. Las regularizaciones barriales están paralizadas y los traficantes de tierra se multiplicaron. Se ha hecho caso omiso al pedido de adoquinado, reparación de vías y más pedidos”, indicó el dirigente barrial Carlos Acosta.

“El actual proyecto de Quitocables requiere una inversión de $ 44 millones; nosotros solo necesitamos $ 3,5 millones. ¿Por qué no iniciar con obras prioritarias para la ciudadanía”, cuestionó Sarango, durante su intervención.

Patricio Molina, procurador y vocero del barrio San José del Condado, presentará un amparo constitucional para evitar las expropiaciones de 33 predios que serían afectados por la construcción de la obra.

Advirtió que de ser necesario saldrán a las calles en protesta para exigir el respeto de sus derechos.

Colegio teme perder certificación

Luis Heredia, rector del Colegio Nacional Andrés Bello, aseguró que el paso de las cabinas pondría en peligro a los 2.500 estudiantes, lo que ocasionaría que la Organización de Bachillerato Internacional (OBI) retire la certificación con la que actualmente cuenta la institución.

“El momento en que cualquier situación amenace al plantel, la OBI  retirará la certificación. Esto representaría una pérdida inmensa de recursos invertidos por el Estado
($ 80.000) y perjudicaría la calidad educativa en la que se ha trabajado los últimos ocho años”, afirmó Heredia.

Para evitarlo deberían restringir el paso de los estudiantes hacia las canchas, lo que representaría el recorte de cupos por falta de espacios verdes, lo que a su vez ocasionaría un recorte de personal. (I)

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