La pregunta cinco del referéndum está alineada con la minería del siglo XXI, en donde la protección del ambiente es un valor primordial de la minería responsable para la sustentabilidad y confianza de tres actores: Estado, empresa y comunidad.

Aplica el principio constitucional de progresividad de los derechos de la naturaleza hacia otras áreas de protección ambiental para enmendar la Constitución de la República del Ecuador, y que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Entender estos últimos cuatro términos es importante para comprender la pregunta en cuestión.

Las etapas mineras se refieren a la exploración y explotación, según los artículos 37 y 30 de la Ley de Minería. Mientras que en el artículo 27 del mismo cuerpo legal se definen como fases de la actividad minera a: prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización, cierre de minas. Es decir que la comercialización de minerales en los centros urbanos no se afectará de ganar el Sí en esta pregunta.

Asimismo, se garantiza el respeto a las áreas protegidas, que ya se encuentran establecidas por el Estado ecuatoriano de manera legal y garantizan la conservación de la vida animal y vegetal, la biodiversidad y los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. En estas áreas no se otorgan concesiones mineras.

Adicionalmente, las zonas intangibles son espacios protegidos de gran importancia cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva.

Finalmente, los centros urbanos se refieren a las poblaciones provinciales, cantonales y parroquiales en las que no se puede realizar exploración ni  explotación minera.

También existen zonas de exclusión minera en los centros urbanos de Zaruma, Portovelo, Ponce Enríquez y otros. Allí se podrá desarrollar la actividad minera de manera responsable, pero fuera de las zonas de exclusión.

El impulso de los proyectos mineros contribuirá positiva y significativamente al desarrollo del país, aportando al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador.

La convicción profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) está orientada hacia la sostenibilidad de la minería responsable para las futuras generaciones de Ecuador.

Por otra parte, debemos manifestar nuestro desacuerdo a la minería ilegal, ya que rompe el equilibrio ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico del país.

La AIME tiene 29 años de vida institucional, es un gremio profesional estrictamente técnico y científico, consciente de fomentar una minería responsable para que se convierta en el pilar fundamental para el desarrollo del talento humano y económico a nivel local, provincial y nacional. (O)