Según proyecciones de Naciones Unidas, para el año 2025, alrededor de 1.200 millones de personas tendrán más de 60 años de edad y según datos de este organismo, entre el 4% y 6% de las personas mayores sufren alguna forma de maltrato, expresado en lesiones físicas, abuso patrimonial, afectación psicológica, principalmente en las mujeres. Por esta razón, se declara el 15 de junio como el Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, a través de la Resolución A/RES/66/1271 de diciembre de 2011.

En Ecuador, de acuerdo con el último censo poblacional, existen 14’483.499 habitantes; de ellos, 940.905 son mayores de 65 años, es decir el 6,5 % de la población. La distribución por género de la población adulta mayor es de 52,61% para las mujeres y de 47,39% para los hombres, más de la mitad de este grupo poblacional (57,40%), es decir 537.421 personas, se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza, siendo el ámbito rural el más preocupante, puesto que 8 de cada 10 personas adultas mayores se sitúan en esa condición.

Por otro lado, el 66,8% de la población adulta mayor no tiene actividad laboral fuera del hogar, realizan quehaceres domésticos (42,39%), son jubilados o pensionistas (17,78%), rentistas (0,81%), estudiantes (0,73%). El 23,80% sí tiene actividad laboral fuera y el 9,001% realiza otras actividades como por ejemplo ayudar en el negocio de algún familiar, cuidado de animales, entre otras actividades y el 0,299% se encuentra cesante.

Las precarias condiciones de cuidado de las personas adultas mayores constituyen un escenario en el cual se propicia el maltrato y la violencia; es por ello que se registra que el 14,70% de esta población ha sido víctima de insultos y el 14,90 % de negligencia y abandono, según el MIES.

El gobierno nacional, en el marco del Programa Toda una Vida prevé la iniciativa “Mis mejores años”; por el cual se plantea duplicar la pensión de las personas adultas mayores de 50 a 100 dólares; lo cual ampliaría la cobertura a 560 mil personas, además de atención médica, servicios gerontológicos y actividades educativas y recreativas.

La pregunta es si esta iniciativa será suficiente para afrontar problemas de orden estructural, expresados por ejemplo en una Ley del Anciano no adecuada a los estándares constitucionales vigentes, una débil o inexistente institucionalidad y limitadas políticas públicas que trasversalicen la protección y promoción de derechos de las personas adultas mayores.

Afrontar esta situación demanda la activa participación de la familia, del conjunto de la sociedad y sobre todo de la voluntad política de nuestras autoridades para promover una nueva legislación, institucionalidad y políticas para la protección de sus derechos; así como la ratificación de la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la OEA en julio de 2015. (O)