El candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Fuerza Compromiso Social, Iván Espinel Molina, presentó un plan de gobierno de 22 páginas en el Consejo Nacional Electoral, en el cual plasma su propuesta a los ciudadanos.

Espinel es uno de los beneficiarios de las reformas constitucionales que se aprobaron en la Asamblea Nacional, que reformó el artículo 142 de la Constitución, fijando en 30 años la edad límite para candidatizarse a la Presidencia de la República y no en 35 años como constaba antes.

El candidato ha dicho que no todo en el actual Gobierno es negativo, pero es necesario hacer reformas para mejorar al país en una segunda fase.

El director del Centro de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica (Espol), Daniel Ortega, se encargó de analizar el Plan de Gobierno de Espinel para la herramienta Participa Inteligente, de la que la universidad forma parte. Él considera que el aspirante presidencial tiene una construcción metodológica interesante, porque recoge las principales demandas de la sociedad ecuatoriana, sobre todo en la parte económica y  agrícola. Además, cree que es importante la independencia de funciones.

Para otros analistas políticos, como la catedrática cuencana Ana Cecilia Salazar, el candidato no tiene posibilidades reales de ganar en las elecciones del 19 de febrero de 2017.

Uno de los planteamientos que más ha llamado la atención del aspirante es la pena de muerte. Sobre este punto, Salazar considera que el planteamiento no respeta la dignidad y la vida humana. Por eso cree que sería un retroceso a nivel de derechos humanos. “La pena de muerte es una alternativa que se está eliminando en el mundo y plantearlo en nuestro país significa una actitud retrógrada, por decir lo menos”.

Con este punto de vista concuerda el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil. Recalca que es un planteamiento que llevaría a Ecuador a un retroceso, que no es una propuesta revolucionaria, como se esperaría de un candidato joven. “Con esto estamos aceptando que el hombre nace malo y por eso no hay forma de corregirlo, y por eso hay que matarlo, que no es posible la rehabilitación”.

El candidato ha manifestado en entrevistas que la consulta popular no solo será para preguntar sobre la pena de muerte, sino sobre otros aspectos. Sin embargo, en su propuesta se enfoca solo en la pena de muerte. Ortega cree que aquella debe revisarse dentro de los parámetros de la justicia, “porque estamos hablando de un régimen (si ganara las elecciones) que podría distanciarse de las medidas progresistas que se han tomado con respecto a los derechos humanos”.

La reducción de impuestos se ha convertido en una oferta primordial en los binomios.

En forma general, Salazar recuerda que la cultura tributaria es una forma de corresponsabilidad y no se puede ofrecer eliminar los impuestos sin un análisis y con la certeza de cuáles son los aportes y los destinos de esos tributos: “Puede hacerse una revisión de la política tributaria en  Ecuador, porque considero que ha dejado tranquilos a quienes más deben aportar, no ha sido un elemento que pueda contribuir a la disminución de desigualdades”.

En cuanto a la eliminación del examen de ingreso a las universidades, Ortega cree que es factible eliminarlo, pero que debe existir otra forma de control, porque si el estudiante ingresa, pero no termina la carrera, todos los ciudadanos perdemos porque se han utilizado recursos públicos que no han sido aprovechados. (I)