Mientras el Gobierno busca puentes de comunicación con las FF.AA. por el tema de las reformas al Issfa, miembros del servicio pasivo insisten en su rechazo al proyecto.

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se reunió la noche del miércoles con el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, con la finalidad de hacerles conocer los detalles de este proyecto de reforma a la Seguridad Social de las FF.AA.

“Se han tomado algunas observaciones expuestas en el encuentro y en función de aquello, el texto del primer debate incluye muchas de ellas”, sostuvo ayer el Ministro.

Mientras tanto, un grupo de pensionistas del Issfa anunciaron una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de reformas que será debatido en la Asamblea Nacional.

Bolívar Silva, representante de este grupo, manifestó que luego de una junta que sostuvieron también en la noche del miércoles, llegaron a la conclusión de no estar conformes con el proyecto. En tal virtud, no descartan acudir, si es posible, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las reformas buscan poner un techo en las pensiones de los militares en servicio pasivo y esto ha generado malestar, que ha trascendido a ámbitos de la justicia castrense y civil.

Por ejemplo, en días pasados el capitán Edwin Ortega, en una carta, esgrimió comentarios en contra del presidente, Rafael Correa, lo que originó que el Mandatario solicitara que un consejo de disciplina analice el comportamiento del uniformado, por considerar que irrespetó al Jefe de Estado, en su calidad de Comandante en Jefe de las FF.AA.

No obstante, el consejo de disciplina no dio lugar al pedido, por lo que el Mandatario solicitó una acción de protección que fue admitida por la jueza Vanessa Wolf.

Para el capitán en servicio pasivo Vicente Grijalva, el reglamento interno faculta sancionar acciones de militares, en caso de que se considere que en efecto se cometió una falta.

“Si son atentatorias las puede penalizar un consejo de disciplina conformado por 3 o 4 miembros de la institución, siempre en grado superior a la persona que cometió la infracción”, explicó.

Aclaró que un consejo puede declararse no competente si cree que la falta no está dentro del reglamento militar, sino que va más allá, como un delito, es allí cuando debe pasar a un juzgado de instrucción.

Para Daniel Pontón, especialista en temas de seguridad, en una entrevista ayer en Radio Pública, lo qué está pasando en el interior de las FF.AA. hay que entenderlo dentro de un contexto político: “Es un contrasentido, ya que por un lado se castiga a una persona que expresa una filiación partidaria y por otro lado se absuelve a otra por una acción disciplinaria, por su manifiesto irrespeto a una autoridad política”. Esto, en referencia a la separación de las filas militares del capitán Édison Garrido, quien en su cuenta de Facebook respaldó las acciones del Presidente de la República.

Para Pontón, estas acciones surgen desde que se originó el problema por la compraventa de los terrenos del parque Samanes: “Desde ahí se vienen crispando las relaciones con las FF.AA.; lo que está detrás de esto es una inconformidad de ciertos temas de índole económico, básicamente con el Issfa”.

Para el analista, es necesario apelar a la historia nacional, cuando se ven ciertos niveles de aceptación de las FF.AA. que en ciertos tiempos hasta compite con la Iglesia, “pero habrá que ver el legado que nos dejó el retorno de la democracia y por más que las cartas políticas hablen de que deben ser sumisas al poder político y civil, en el manejo diario siempre han existido tensiones porque han tenido poder de veto”.

Señaló que detrás de aquello se conjuga una visión de ciertos privilegios que creen tener y hasta pueden recibir un trato diferenciado con relación a la población civil; “el gran desafío de la democracia es construir de a poco una democratización de las FF.AA.” (I)

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Funcionaria acogió amparo

Judiciales de Guayas respaldan a jueza Wolf

Un espaldarazo recibió la jueza Vanessa Wolf de la Asociación Judicial del Guayas. La autoridad judicial acogió la acción de protección interpuesta por el presidente Rafael Correa, contra el consejo de disciplina de las FF.AA. que no sancionó al capitán de la Marina Edwin Ortega, por faltar al respeto al Mandatario.

El titular de la Asociación, Lenín Pilalot Navarrete, expresó que la actuación de la magistrada se enmarca en el artículo 86 y 78 de la Constitución, que establecen un procedimiento sencillo y eficaz para el trámite de las garantías jurisdiccionales e incluye las acciones de protección.

Agregó que, según el artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, toda acción debe calificarse dentro de las 24 horas siguientes a su presentación y efectuarse la audiencia en un tiempo no mayor a 3 días.

“Ese fue el procedimiento adoptado por la jueza”, recalcó Pilalot. Y que atribuir al procedimiento como un acto de corrupción es tratar de politizar una actuación judicial ceñida a las normas. (I)