Cincuenta leyes serán prioritarias en el período legislativo 2017-2019 (ver gráfico). Así lo entiende la bancada de Alianza PAIS (AP) y, por ello, ya las presentaron al jefe de Estado, Lenín Moreno.

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Se enmarcan dentro del plan de Gobierno, entre ellas, las reformas que impulsarán al sector productivo del país, que están enfocadas en la producción, la economía y el empleo, “ejes primordiales para el fortalecimiento del sistema de dolarización”, afirmó el presidente de la Asamblea, José Serrano.

Destacó que hay evidentes logros dentro de las diferentes comisiones de la Asamblea, por ejemplo la Ley de Sanidad Agropecuaria, que busca el desarrollo del agro y la producción de alimentos de calidad.

Dentro de los acuerdos internacionales recalcó la importancia que significó suscribir el Acuerdo de París para la protección ambiental, firmado el 26 de junio y que permite a Ecuador ser parte de los 175 países para afrontar el cambio climático. Sin embargo, según varios asambleístas de oposición, esta agenda dejó de lado sus iniciativas.

Con respecto a esto, la legisladora Ximena Peña, coordinadora del bloque de AP, afirmó que estas prioridades fueron acordadas en las comisiones a las que pertenecen tanto asambleístas del bloque de PAIS como aquellos del bloque opositor.

Peña indicó que cada comisión de la Asamblea mantiene un grupo de leyes y que los legisladores que las conforman decidieron resaltar las más urgentes.

Según Guillermo Celi, de la bancada de SUMA, ellos son “respetuosos de la agenda legislativa de cada bloque”, pero dijo que en SUMA hay una agenda propia que es socializada con la ciudadanía.

Resaltó algunas leyes prioritarias, como zonas francas o zonas especiales para Manabí, en turismo; agua potable y alcantarillado por medio de alianzas público-privadas con municipios; y, sobre todo, una reforma a la Ley de Plusvalía.

Doris Soliz, asambleísta por PAIS, mencionó que la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que preside, ha tomado como tema prioritario los tratados y convenios internacionales.

Este proyecto es trabajado en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Soliz indicó que podría enmarcarse en el Código de Servicio Exterior.

Una de las reformas urgentes que destacó Peña se relaciona con el Código de la Democracia, que se encuentra dentro de la Comisión de Justicia. En este aspecto, dijo que su urgencia se debe al plazo que requiere antes del proceso de elecciones seccionales de 2019.

Mientras tanto, para la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social -según varios de sus integrantes- uno de los proyectos prioritarios es el Código Orgánico Integral del Trabajo. La presidenta de la Comisión, Liliana Durán Aguilar, recorre territorio para recabar insumos y, sobre esa base, elaborar propuestas.

Para hoy, por su parte, la Comisión de Régimen Económico espera la llegada de la proforma presupuestaria y Peña afirmó que entonces serán urgentes las leyes de incentivos económicos.

A criterio de la Comisión, esta ley es prioritaria para dar cumplimiento a las ofertas de campaña del presidente Moreno sobre el impulso a la producción. “Es probable que se revean leyes o se elaboren nuevas normativas para crear incentivos”.

Esta ley también fue destacada por Yoffre Poma, asambleísta por PAIS, quien además enfatizó la prioridad de la Ley Anticorrupción.

La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial agendó como tema trascendental la Ley de Desarrollo Económico Fronterizo que fue vetada en 2012, sin embargo, afirmó que, por ley, ya puede retomarse y es impulsada por asambleístas que representan a provincias fronterizas.

“Vemos que el dólar se aprecia y las provincias fronterizas son sensibles a las devaluaciones de moneda de los países hermanos y esto impacta su comercio”, expresó Peña.

Serrano manifestó que la acción parlamentaria tiene el respaldo del Presidente de la República y que las dos funciones del Estado trabajarán para el fortalecimiento de la estructura estatal, en beneficio del pueblo ecuatoriano. (I)