La iniciativa de que se conforme un frente de transparencia contra la corrupción ya abre el debate sobre su importancia. Unos la consideran necesaria, mientras otros optan por fortalecer las instituciones, establecidas en la Constitución, para mejorar su tarea.

Los argumentos se basan en que la idea no es nueva, pues en el país este planteamiento se cristalizó a finales de los 90 cuando se formó la entonces llamada Comisión Cívica de Control de la Corrupción.

Fue en marzo de 1997 cuando, por Decreto Ejecutivo, el presidente interino Fabián Alarcón creó la institución, integrada por representantes de sectores gremiales, organizaciones sociales, de las universidades y de Derechos Humanos. Dos años después se publicó en el Registro Oficial la respectiva ley y que la Constitución de 1998 la consagró.

Tras la Constitución de Montecristi se conformó la Función de Transparencia y Control Social en 2009, compuesta por ocho organismos: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Contraloría General del Estado; Defensoría del Pueblo; y las Superintendencias de Bancos y de Seguros, de Compañías, de Telecomunicaciones, de Economía Popular y Solidaria y de Control del Poder de Mercado. Paralelamente, el Ejecutivo crea la Secretaría Nacional Anticorrupción en 2007.

En 2015, quienes fueron parte de la desaparecida CCCC se autoconvocan para crear la Comisión Anticorrupción, que luego entró en discrepancias legales con las autoridades de control.

Con el anuncio del Mandatario, se busca otro espacio de acción para la lucha contra la corrupción y es sobre ello que analistas consideran necesario fijar los parámetros de acción si se crea la institución.

El docente Juan Paz y Miño es partidario de aquello. Dice que hay que fijar las competencias claras, porque se trata de un frente amplio, donde hay funcionarios de Gobierno y personas de la sociedad civil, a quienes se los ha invitado.

“Pienso que ese frente tratará de detectar problemas, recoger denuncias y con ellas procesarlas para que las entidades como Contraloría, Fiscalía y otras inicien las acciones legales, porque como comisión no tendrá la facultad de sancionar”, sostiene.

Sin embargo, destaca que la creación del frente apunta a la imagen de ética que el Gobierno trata de instaurar, para efectos de que la sociedad comprenda que hay un esfuerzo del Estado en perseguir todo caso de corrupción.

En cambio, el analista político Édgar Alan García considera que estas comisiones no tienen buen futuro, pues algunos de los invitados ya anticiparon que no serían parte.

“En principio creo que la iniciativa era buena, pero se actuó con demasiada premura, pues se invitó a personajes que al final no resultan representativos de la sociedad y otros que no les importa si fueron invitados, igual rechazaron ser parte porque prefieren mantenerse en oposición”, asegura.

A su criterio, es mejor darle un voto de confianza al sistema judicial vigente, a la comisión fiscalizadora de la Asamblea, a la Fiscalía, a la Contraloría y, en forma paralela,  contrarrestar la campaña de tergiversación que circula en redes sociales sobre la iniciativa.

Por otra parte, el jurista Reynaldo Huerta considera más bien que se debe apoyar la iniciativa partiendo del fomento de una cultura ética ciudadana, del espíritu individual, para rechazar todo acto de corrupción.

Sostiene que los intentos pasados no han dado los frutos, por eso se debe fomentar desde ahora, con resultados a mediano y largo plazo, una nueva cultura ciudadana. (I)

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Vanegas sugiere que el frente sea independiente

Para el rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, su aceptación a ser parte del frente de transparencia que propone el mandatario Lenín Moreno dependerá primero de la consulta que él realice al Consejo de la institución, pues a su criterio, la nominación se produce en reconocimiento a la entidad que dirige. Su nombre fue sugerido por el Mandatario el pasado lunes.

En medios de esa ciudad, Vanegas adelantó que si se conforma el frente, una de sus prioridades será verificar la transparencia de los grandes contratos para obras de infraestructura, sin dejar de lado hechos del día a día, que no se visibilizan.

Aunque sostuvo que existen avances en materia de control desde el Estado, no todo puede ser controlado por los organismos encargados para el efecto.

En ese sentido el frente ayudaría en las investigaciones y entregaría informes a los organismos de justicia y de control.

“Un punto importante es la independencia que debería tener esta comisión, a más de los integrantes. Debería tener absoluta independencia
de todos los poderes, de manera que puede ejecutar una investigación profunda y transparente que le haga bien al país”, agregó.

Y sostuvo que el apoyo del Primer Mandatario será fundamental para un trabajo eficaz. De allí que -dijo- el Jefe de Estado deberá tener una visión firme, de respaldo, y con un seguimiento permanente para enterarse de las actividades de la comisión. (I)