Ecuador, el país que más aporta a la CorteIDH

Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), reconoce que el organismo regional tiene problemas para subsistir.

Cree que los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían considerar  un presupuesto ordinario anual fijo y eliminar la figura de donantes voluntarios o eventuales. Resalta que los estados deben ser los principales interesados en que se respeten los derechos humanos en la región.

¿Existe la posibilidad de que la CorteIDH deje de funcionar por falta de financiamiento?

No. Estamos acostumbrados a trabajar con pocos recursos, pero (hoy) lo estamos haciendo en menor cantidad (de casos).

¿Noruega y Dinamarca anunciaron que ya no apoyarán. ¿Qué relevancia tiene esa decisión para la CorteIDH?

Noruega y Dinamarca eran nuestros principales donantes. Ellos ya anunciaron que van a salir, porque necesitan esos recursos para la cooperación internacional. Para nosotros, la institución debería ser financiada por los mismos países americanos.

¿Los aportes de la OEA son suficientes para el funcionamiento de la institución?

No lo son actualmente. Los países americanos solo pagan la mitad del presupuesto anual. Recibimos $ 2,7 millones al año por parte de la OEA. Muchos juzgados o tribunales internacionales reciben mucho más dinero al mes y tienen menos trabajo, aunque cuentan con más funcionarios.

Por una gestión de justicia, debemos tener una Corte con trabajos adecuados y de calidad para responder a las funciones que tenemos.

Necesitamos trabajar con un presupuesto aumentado. Lo que queremos es igualar a otros tribunales. Aunque es de las mejor consideradas en el mundo jurídico, la Corte Interamericana es la más pobre.

¿Qué gestiones se están haciendo para obtener esos recursos?

La idea es que todos los países consideren la entrega de un presupuesto ordinario anual fijo, no como donantes voluntarios ni eventuales como ocurre en la actualidad.

¿Cuánto se ha avanzado en esa dirección?

La decisión debe ser de los Estados, ya que son los primeros que tienen el interés por garantizar a  la Corte y con ella los derechos humanos, seguridad, vida digna (...).

¿A qué se atribuye la resistencia a la entrega de los fondos?

Estoy mirando la fotografía del momento, no estoy viendo la película. Hay varias reflexiones: algunos dicen que los estados temen ser juzgados, pero el tribunal está creado y la mejor cosa para los Estados y la gente es que este fuero funcione bien.

¿Debería existir intermediación de la OEA en la partida; o este tribunal debe tener un ingreso directo?

Como es precisamente un tribunal que no actúa políticamente, creo que la mejor cosa sería continuar con la OEA porque somos un órgano conectado; y así continuar -también- con el presupuesto anual que viene de todos los Estados, incluso de aquellos que no son parte. Todos pagan los $ 2,7 millones. Sin embargo, insisto, en que debemos tener ingresos fijos que sean aportados anualmente.

¿Cuánto necesitaría en realidad la CorteIDH para funcionar?

Tenemos estudios que muestran que necesitaría $ 21 millones. Pero sabemos que en este momento no es posible;  nuestros Estados tienen problemas financieros. Ese presupuesto nos serviría para hacer traducciones adecuadas, trabajo integral de los jueces, asesorías directas, juzgar más, tener más calidad en las sentencias. No tenemos un revisor de texto ni intérpretes. Tampoco tenemos un área de comunicación.

¿Han buscado algún otro mecanismo de financiación?

Estamos buscando y discutiendo con los gobiernos para que ellos asuman esto como un desafío para tener una Corte estructurada.

¿Cuánto aporta Ecuador?

Ecuador y otros países, tienen contribuciones aportadas de manera facultativa, pero no permanente, porque no hay una obligación. Sin embargo, Ecuador ha sido uno de los principales colaboradores y hace 2 años anunció $ 1 millón para distribuir en 3 años; estamos a la espera de recibir la última parte. Agradecemos porque es una decisión voluntaria y Ecuador dio ejemplo a otros países.

¿Le interesa a la OEA que la CorteIDH sea un organismo con financiación autónoma?

Creo que sí. Nosotros tuvimos el visto bueno de los dos (últimos) secretarios generales. Vieron que se necesita el dinero y les parecía bien, pero bajo la condición de que siga dentro del sistema de la OEA.

¿No es paradójico que la CIDH reciba mayor presupuesto que la CorteIDH, entendiendo que ambas son de la OEA?

No quisiera hacer comparaciones, pero creo que ellos tienen pago por día laborable.

¿Qué se ha dejado de hacer en la CorteIDH debido a la falta de financiamiento?

Primero la calidad y la traducción de las sentencias (...). Los estados ganarían mucho en aporte, si la Corte tiene un departamento de comunicación adecuado, que avise a los Estados que un juzgamiento va a suceder en un mes. Tampoco tenemos la capacidad de trasladar a los interesados a los distintos viajes de trabajo.

¿Por esos motivos se reciben pocas denuncias?

Estamos estancados, porque recibimos pocos casos. Podríamos tratar muchos más y los que receptamos son muy antiguos; es decir, de 5, 10 o 15 años. A veces la víctima y el violador ya murieron. Y la sentencia criminal no va a llegar, porque muchas veces, se recurre a la Corte para decir que no se investigó, que no hay punición y que hay impunidad. Este juzgado actúa mucho en la gestión de impunidad en los Estados

¿Cuántos casos existen actualmente?

A pesar de algunas dificultades, recibimos el año pasado 12 casos. 23 procesos tuvimos en 2012. En este año llevamos 9. Necesitamos más sumarios, porque estamos hablando de derechos que son fundamentales para la gente.

Muchos sectores cuestionan que la CorteIDH se demora hasta 20 años en algunos casos ¿A qué se atribuye?

Hay que aclarar que no es la Corte. A la Corte le toma un promedio de 20 meses de duración un proceso. Es un tiempo adecuado para que las partes hablen (...). La demora se genera en la Comisión Interamericana, porque esta tiene muchos casos y no hay un orden de análisis de esos. Algunas veces hay asuntos rápidos y otros demorados.

Asimismo se cuestionan las jornadas de trabajo de la CorteIDH (15 días cada 2 meses-Corte permanente); ¿cuál sería la alternativa?

Viajamos a Costa Rica (sede) a resolver un número determinado de casos. Los jueces pasamos reunidos de 2 a 3 semanas. La agenda era tan fuerte que laboramos hasta los sábados y domingos. Es agotador y no es razonable para un Tribunal de Derechos Humanos, porque todos tienen el derecho a trabajar un número de horas, para que el resultado sea mejor. Por ejemplo, los jueces no son remunerados a diario, sino solo cuando van a las sesiones. Es importante que pasen a laborar en un tiempo integral.

¿Cómo miraron el ingreso de un juez ecuatoriano (Patricio Pazmiño), luego de 12 años, a la CorteIDH?

Muy bien. El juez Pazmiño está entregado y comprometido con los derechos humanos, entre ellos económicos, sociales y culturales (...). El juez Pazmiño ha demostrado una actuación independiente y muy adecuada a los estándares de un magistrado internacional.

¿Cómo ve la defensa de los derechos humanos, principalmente en países progresistas como Brasil, Ecuador y Venezuela, donde la oposición acusa a los Gobiernos de que no respetan las libertades?

En los diferentes países hay derechos que son violados cotidianamente, como sucede en cualquier país del mundo. Al tener al Estado -como involucrado- se busca no permitir esos atropellos. Debemos cuidar la estabilidad política de la región como lo dice la Carta Democrática.

¿Y cómo mantenemos la democracia cuando vemos sociedades polarizadas?

Esos movimientos políticos existen en todos los países. Como juez no debo dar opciones por una línea u otra, pero sí es importante que el gobierno elegido democráticamente pueda llevar las riendas de su país. No podemos caer más en este tipo de soluciones que coartan la democracia y los mandatos. (I)