Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación e Información (Supercom), cumple 2 años en el cargo. Hasta el momento la institución tramitó 569 procesos, de ellos 317 por denuncias y 252 de oficio. Durante el período 2014-2015, 187 medios privados, 9 públicos, 1 comunitario y 2 incautados fueron sancionados.

¿Cuál considera que fue la principal conquista de la Ley de Comunicación?

El principal logro ha sido el inicio de una movilización ciudadana que ya reclama por los contenidos que los medios ofrecen, que rechaza la telebasura y que exige a los medios una réplica o rectificación, en muchos casos sin siquiera acudir a la Supercom. Una ciudadanía que toma conciencia de sus derechos.

¿Qué mitos considera usted que se superaron con la entrada vigencia de la normativa? Muchos sectores hablaron de cierre de medios, ausencia de libertad de expresión, entre otros...

Usted lo ha dicho. A dos años de creación de esta Superintendencia, no existe ni un solo medio de comunicación cerrado por la vigencia de la ley. No solo no es nuestra intención sino que, además la Ley de Comunicación no lo permite. Si acaso un medio cerró fue por razones distintas, por un mal manejo financiero evidenciado desde antes de la existencia de esta norma, y que malintencionadamente se ha relacionado con la Ley de Comunicación. Sobre lo segundo, parafraseando a (Eduardo) Galeano, le diría que extraña que los medios de comunicación tengan tanta libertad de expresión para que digan todos los días que no hay libertad de expresión.

¿Qué logró la Ley de Comunicación, en cuanto al papel de la ciudadanía en defensa de sus derechos?

Esto es importantísimo, porque el principal logro es una ciudadanía cada vez más crítica, que se moviliza y activa para exigir mejores contenidos, que rechaza la telebasura, de hecho ya hubo una marcha en contra de ella, y que reclama a los medios por los contenidos que solo priorizan el rating, algo que no está mal, por cierto, pero que requiere de mecanismos legítimos para alcanzarlo.

¿Cuándo enviarían las reformas a la Ley de Comunicación y cuáles serían los principales cambios?

Aún no existe una fecha, porque antes de ser remitida se socializará el borrador de reformas con todos los actores involucrados. Como lo he dicho, entre los cambios incluimos la figura de la mediación y de las medidas sustitutivas o alternativas para las sanciones, así como una competencia coactiva para la Supercom y, en general, lo que se busca es establecer un equilibrio y proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción impuesta.

¿Por qué entre las reformas se apuesta por la mediación como un camino para solucionar los conflictos comunicacionales? ¿Con ello se superaría el planteamiento de derecho a la resistencia que han planteado ciertos medios de comunicación para no acatar las disposiciones de la Supercom?

Porque aunque los medios nos hagan ver todos los días como un ente represor, censurador, nuestro objetivo no es ese, el principio es educar para prevenir. Lo que la ley y esta Superintendencia buscan es que al final del día mejoren las prácticas comunicacionales, se democratice la comunicación, mejoren los contenidos y, por tanto, la sociedad mejore. Una mediación permitiría a las partes llegar a un acuerdo que contribuya con este objetivo.

¿Qué medidas alternativas sugiere usted que podrían entrar en las reformas para evitar sanciones pecuniarias a los medios?

Lo hemos dicho, por ejemplo, incluir contenidos formativos en la programación; insisto, al final del día lo que importa es que mejoren las prácticas comunicacionales.

¿Cuál es su criterio sobre que en las reformas a la LOC se destine el 15% de publicidad a medios comunitarios, 15% a los medios públicos y el resto a los privados?

Siempre ha sido difícil mantener un medio, más aún en las actuales circunstancias, de ahí que es deber del Estado, a mi criterio, velar por aquellos que buscan un contenido social. El Estado es uno de los mayores inversores en publicidad, por lo tanto, al exigir estos porcentajes se garantiza que los medios públicos, comunitarios y de alcance local y regional cuenten con el financiamiento necesario para su desarrollo, ante la poca o nula inversión privada. (I)