El bloque legislativo de CREO-SUMA ya anunció la intención de solicitar un juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas. Aseguran que tienen las firmas necesarias y las pruebas para impulsar este proceso.

No obstante, el trámite requiere de una serie de pasos, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización  es una de las instancias que deberá recibir los argumentos de los peticionarios y si cabe un proceso de esta naturaleza contra el Segundo Mandatario.

El anuncio lo efectuó el legislador de la alianza CREO-SUMA, Roberto Gómez Alcívar el pasado miércoles. Junto con colegas de la misma bancada manifestó que hasta ese momento tenían, al menos 47 firmas que respaldaban la petición, así como las pruebas en contra del Vicepresidente.

No obstante, ayer manifestó quepara este lunes harán un anuncio público respecto de cuándo será efectiva esta solicitud, toda vez que hasta ayer más asambleístas se sumaron al pedido de juicio político y también están recibiendo más documentación de sustento.

Sin embargo no mencionó cuántos legisladores están a favor de la moción, ni tampoco de qué bloques. A pesar de ello, consideró que el pedido de enjuiciamiento sí cabe, por cuanto el Segundo Mandatario, en reiteradas ocasiones ha dicho que es el responsable político.

Pero Sofía Espín, integrante de la Comisión de Fiscalización, aclaró que no se trata solo de presentar firmas y presuntas pruebas para iniciar un proceso. “De lo que conocemos, están adjuntando como evidencia unas declaraciones del exfuncionario Carlos Pareja Yannuzzelli en una entrevista, pero eso solo es un testimonio,  no es una prueba”.

Para un juicio, la petición debe ser presentada al Presidente de la Asamblea, como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto se pone en conocimiento del CAL; si no reúne los requisitos se dará un plazo de tres días a los peticionarios para completar los requisitos, caso contrario  se lo archivará.

Luego se remite a la Corte Constitucional que emitirá el dictamen de admisibilidad, si fuera el caso; nuevamente pasa a la Presidencia de la Asamblea y este a la Comisión de Fiscalización, que avocará conocimiento para sustanciar el trámite.

De igual forma se notificará a los asambleístas solicitantes para que presenten las pruebas, mientras la comisión remitirá en un plazo máximo de cinco días al titular del Parlamento un informe para conocimiento del pleno y así proceder al juicio. Esto, siempre que se cumplan los requisitos, caso contrario, el pedido se archivará.

Espín manifestó que como miembro de la comisión, deben llevar el debido proceso y esperar que llegue la petición, con los argumentos o presuntas evidencias. “Adjuntar notas periodísticas no constituye una prueba”, sostuvo Espín, por lo que consideró que se trata más bien de una persecución política  de la oposición que pretende golpear el proceso de revolución ciudadana.

Recordó que el pasado miércoles se escuchó al Vicepresidente y las diferentes bancadas pudieron preguntar lo que consideraron pertinente, pero no presentaron pruebas sino  elucubraciones y más bien el Segundo Mandatario expuso que su responsabilidad política fue en la transformación energética y si hubiera casos corrupción le correspondía investigar a la Contraloría.

“La estrategia de la oposición ha sido usada en países como Brasil, con la expresidenta Dilma Rouseff, acusada de actos de corrupción y se la destituyó, pero nunca se le demostró una irregularidad, mientras el mandatario Michel Temer está implicado en escándalos”, dijo. (I)