Quito / Guayaquil.-

El capitán de la Armada Edwin Ortega Sevilla no solo enfrenta un proceso administrativo ante consejos de disciplina militar por emitir un correo electrónico insultante contra el presidente Rafael Correa, sino que también afrontaría un proceso judicial por presunto delito de estafa y abuso de confianza.

La denuncia proviene de Paola Basantes, relacionista pública con 18 años experiencia en el Ejército, que afirma haber sido contratada por el oficial de la Marina para asesorarlo a partir del conflicto con el Jefe de Estado.

Del 24 de mayo al 10 de agosto de 2016 -afirma Basantes- trabajó con Ortega en el manejo de redes sociales y la difusión de su defensa ante las críticas del Mandatario y el Consejo Disciplinario de la Armada. Además, gestionó con empresas nacionales y extranjeras, embajadas y figuras públicas el auspicio y financiamiento de los libros Hacia tierra firme (editado por primera vez en 2009) y Yo no hablo con mis superiores, escritos por Ortega.

El 20 de septiembre pasado la experta solicitó la mediación del comandante de la Armada, Fernando Noboa (ver facsímil), por el incumplimiento del militar, ya que el primer texto debía publicarse en agosto y el segundo en noviembre.

En su carta, la presunta perjudicada le dice a Noboa que está dispuesta a un peritaje de sus cuentas para que se compruebe la transferencia del dinero, antes de iniciar un proceso penal por estafa y abuso de confianza con daño económico.

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Ortega advierte con entablar una contrademanda por difamación y califica como falsa la denuncia. “Qué coincidencia que justo cuando comenzamos el segundo Consejo de Disciplina, la señora Basantes sube esto a la red... Ella debe presentar un documento donde demuestre que ha quedado conmigo para el supuesto lanzamiento del libro”.

La deuda ascendería a $ 35.000

La afectada exige que el oficial de la Armada le pague alrededor de $ 35.000. De ellos, $ 15.000 corresponden al dinero conseguido para financiar las publicaciones, en uno de las cuales argumentaría el contenido del correo electrónico dirigido de forma irrespetuosa al Presidente de la República, quien en su condición de Comandante en Jefe envió un comunicado a todos los miembros de las Fuerzas Armadas para explicar las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Los otros $ 20.000 corresponderían al trabajo de difusión de la presunta inocencia de Ortega en medios de comunicación y redes sociales, tras verse implicado en la acción disciplinaria por ese e-mail.

El correo electrónico fue remitido por Correa el 14 de mayo, casi un mes después del terremoto que afectó al país, además, para agradecer a la institución por su intervención en el rescate de víctimas. Pero  Ortega respondió desconociendo el cargo de “Comandante en Jefe (de las FF.AA.) como usted se ha investido”, pese a que así lo establece el artículo 14 de la Carta Magna.

El oficial también escribió: “Su investidura merece respeto y tiene mi respeto formal, pues el respeto moral está en entredicho”.  

Basantes asegura que Ortega la contactó para que lo asesorara a partir del 24 de mayo pasado, cuando se difundió a través de redes sociales un audio con su intervención política durante un evento castrense, en contra de las reformas al Issfa y del Gobierno.

En medio del proceso disciplinario, Basantes asegura que de los auspicios obtenidos hizo un depósito a la cuenta de Ortega por más de $ 10.000, pero meses después el militar decidió prescindir de su trabajo e incumplió con la publicación del libro previsto para agosto. “Ahora los financistas me presionan por el libro y el capitán ni siquiera responde mis mensajes. Tengo una amplia trayectoria y mi imagen no puede quedar en entredicho”.  

El abogado de Ortega, Juan Vizueta, asegura que una vez que se formalice la denuncia de Basantes presentará una contrademanda por calumnia y extorsión, pues asegura que la experta también pretende cobrarle $ 30.000 por manejar su imagen en redes sociales. “Jamás la he contratado, si no, que me demuestre”, dijo el marino.

Pero reconoció que el capitán Ortega planeaba publicar un libro hace un mes y quedó “postergado” porque debido al proceso disciplinario que enfrenta “no puede tener cabeza” para concluirlo.

“Es inapropiado que en la situación que se encuentra le pidan que tenga cabeza para escribir un libro... El capitán no es ningún estafador, deshonesto o inmoral que vaya a dañar su imagen y honor por $ 1.000 que haya entregado, en donación, la Cámara de Comercio”.   

Al ser consultado sobre ese aporte, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, descartó la aseveración de Vizueta porque la entidad “no hace ese tipo de aportes, sino solo para publicaciones de Economía”.

El artículo 35 del Reglamento de Disciplina Militar estipula como una falta grave: “Utilizar su condición de miembro de las FF.AA. para hacer gestiones personales o por intermedio de autoridades civiles, ante gobiernos, autoridades o instituciones nacionales o extranjeras, para obtener beneficios propios o de terceros”. Pero Vizueta asegura que Ortega no requiere una autorización institucional y que es totalmente lícito hacer esa publicación.

Ortega fundó empresa de buceo

El reglamento de Disciplina Militar está vigente desde 2008, y aunque un oficial de la Marina que pidió no ser citado reitera que no pueden mantener negocios ajenos a su desempeño institucional, el capitán Ortega fundó en septiembre de 2011 la empresa Ecuabuceo Dive & Tech Solutions S.A.

Ocupó la gerencia por un mes y en su cuenta de LinkedIn afirma que busca constituirse en la mejor en trabajos subacuáticos, proyectándose como escuela de capacitación, liderazgo y venta de equipos. (I)

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Indagación empezó en 2015

Comisión analiza informe sobre compra de Dhruv

El informe borrador elaborado por la Comisión Técnica nombrada por la Mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sobre la compra de 7 helicópteros Dhruv, concluyó que no existen anomalías.  

El análisis anota que “a través de algunos medios de comunicación y de diferentes actores políticos respecto a presuntos hechos de corrupción en la adjudicación del contrato 2008-d-006, no han podido ser corroborados en el transcurso de esta investigación”. Sin embargo, aclara que la modalidad empleada para la entrega-recepción de los helicópteros “constituyó una falla importante en la verificación integral de las características técnicas y sistemas requeridos en las bases y en el contrato de adquisición”.

Por este motivo no se habría podido hacer una inspección adecuada desde la fábrica HAL de la India, antes de que los aparatos llegaran al país, los cuales no tenían completos ciertos sistemas e instrumentos de navegación. Esto motivó en octubre de 2015 la terminación del contrato firmado en 2008 con la empresa india por incumplimiento, luego de que 4 naves se accidentaran.

Tampoco se hallaron indicios de conexión entre la compra y la muerte del excomandante de la FAE Jorge Gabela.

No obstante, indica que se cometieron omisiones y errores en los procesos contractuales, lo cual motivó que la Contraloría emitiera informes con responsabilidad administrativa contra 8 miembros de la comisión de adquisición de la FAE, quienes fueron sancionados.

Asambleístas de la Comisión de Soberanía iniciaron ayer el análisis del informe, tras lo cual emitirán un documento final. (I)