El presidente Rafael Correa reiteró lo que anunció su ministro de Defensa. Habrá una investigación para determinar la veracidad de una supuesta guerra sicológica diseñada al interior de la Armada contra las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Un documento al que tuvo acceso este Diario develó ese plan, donde se conforman 4 equipos y un comité de crisis. Todos tienen responsables y tareas específicas. Frente a eso el Primer Mandatario advirtió que, de ser cierta la trama, se aplicarán las sanciones correspondientes pues los soldados son obedientes y no deliberantes. “El poder militar debe someterse al poder civil”.

Para Correa esta resistencia a los cambios al interior de las FF.AA. forma parte de una estrategia política contra los gobiernos de izquierda que se encierra en el Plan Cóndor del siglo XXI.

La estrategia, según el Mandatario, se basa en golpes parlamentarios y de la judicialización de la política. Puso como ejemplo el golpe de Estado en Brasil.
El capitán de la Marina Edwin Ortega es uno de los inconformes. Él  respondió de forma irrespetuosa un correo que el Jefe de Estado envió a todos los miembros de las FF.AA donde explicaba las reformas al Issfa y sus beneficios.

¿Qué escribió el marino?

El Jefe de Estado agradecía a los miembros de las Fuerzas Armadas por su participación en las labores de rescate en el terremoto. El comunicado fue enviado el 14 de mayo, es decir casi un mes después del sismo del 16 de abril.

Ortega, en su respuesta, desconoce el cargo de “Comandante en Jefe -de las FF.AA.- como usted se ha investido”. La Constitución, artículo 147 numeral 16, estipula que el Presidente de la República tiene entre sus deberes “ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas  y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial”.

El oficial hace énfasis en el sentimiento de descontento de sus superiores. Además pone en duda la moral del Jefe de Estado. “Su investidura merece respeto y tiene mi respeto formal, pues el respeto moral está en entredicho”. Recalca que Correa miente y le pide que no se meta con las FF.AA.

Esta fue la motivación para que se inicie un consejo militar. Sin embargo, dicho tribunal integrado por 5 oficiales de rango superior determinó que el Presidente no es una autoridad militar y por ello no sancionaron al capitán.

El pasado 31 de agosto la jueza Vanessa Wolf ordenó que se conforme otro Consejo de Disciplina de la Armada que juzgue el caso al acoger una acción de protección interpuesta por Correa.

Audiencia fallida por ausencia de Ortega

Para ayer estaba prevista la audiencia, pero el Tribunal Militar no se instaló. La cita estaba prevista para las 10:00 en la Base San Eduardo, en Guayaquil.

En el sitio, militares de turno que custodiaban la entrada dijeron que tenían conocimiento de la actividad, pero que no sabían detalles.

Juan Vizueta, abogado de Ortega, argumentó que su representado no acudió ante el Consejo de Disciplina de la Armada porque la Ley Militar le permite hasta dos llamados. Por eso aclaró que el oficial no quebrantó ninguna norma.

Las razones para la ausencia -según Vizueta- es la impugnación a la designación del capitán Carlos Pimentel para que presida el nuevo Consejo de Disciplina. El abogado rechazó que el asesor jurídico de la Armada (Pimentel), sea designado porque ya emitió pronunciamientos sobre el caso.

Mientras tanto, en la Armada existe hermetismo sobre el tema y ayer ningún vocero informó sobre la nueva fecha para la instalación de un nuevo Consejo de Disciplina.

Vizueta criticó la reserva de la información y denunció la intromisión del almirante Carlos Vallejo que ordena que se conforme el Consejo de Disciplina sin cambios. (I)

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Rodrigo Collaguazo repudia montaje

"Operación psicológica busca generar miedo"

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Rodrigo Collaguazo, dijo ayer que la difusión de los montajes de videos en los que aparece en supuestos adiestramientos militares con civiles, es lo que en términos castrenses se denomina “operación psicológica que busca generar el miedo en la población”.

Incluso, consideró que el objetivo de todo ello es descalificar a los grupos sociales y a  los líderes que apoyan al Gobierno.

Indicó que esto se produce luego de que la Coordinadora de Movimientos Sociales hizo dos pronunciamientos de respaldo a las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía, impulsadas por el Ejecutivo.

Manifestó su acuerdo con el inicio de las investigaciones a cargo de la Fiscalía con respecto a los civiles que aparecen en los videos, así como de las averiguaciones militares en cuanto a los soldados que aparecen en los videos.

“Se debe investigar y por eso nosotros pedimos que la Fiscalía lo haga, y se sancione si hay algo que sancionar, porque además no puede quedar en la impunidad si se quiere hacer daño”, resaltó ayer en una entrevista en Radio Pública.

El dirigente adujo que en tres videos no hay nada que ocultar, pero el problema está cuando a otro de los videos se lo edita y lo hacen ver a él y a otras personas como bandas paramilitares. (I)

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El Lunes se retoma el debate

Cúpula militar no ha pedido cita para ir a Asamblea

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Marllely Vásconez, aseguró que hasta el momento no le ha llegado una solicitud para recibir a personas interesadas en aportar con su opinión al proyecto de reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía.

La legisladora puntualizó que asistieron a la comisión los máximos representantes de las instituciones armadas, en este caso los ministros de Defensa y del Interior, los directivos del Issfa e Isspol, así como expertos en el tema, antes de diseñar la normativa propuesta por el Ejecutivo y que está en trámite para segundo debate en la mesa respectiva de la Asamblea.

Aseguró que ningún miembro de la cúpula militar u oficial en servicio activo pidió comparecer a la comisión, por eso “no entiendo por qué se han presentado recursos de protección indicando que se les ha negado su derecho a opinar sobre esta ley”, expresó.

El asambleísta Fausto Cayambe recordó que las resoluciones que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son vinculantes para el país, por lo que restó importancia al pedido de los miembros pasivos de las FF.AA. para tratar de interrumpir el trámite de la ley cuyo debate se retomará el lunes próximo. (I)

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Ellos quieren suspender reformas

Oficiales retirados presentan recurso ante la CIDH

El denominado ‘Frente de Pensionistas del Issfa y Defensa de las Fuerzas Armadas’, que agrupa a coroneles y generales retirados del Ejército, presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (EE.UU.), para que el organismo emita medidas cautelares que suspenda el trámite de la ley reformatoria a la seguridad social de las FF.AA. y Policía Nacional, que se tramita en la Asamblea.

Para el efecto, los militares del colectivo en servicio pasivo contrataron un grupo de abogados que el lunes pasado viajó a EE.UU., entre ellos: el coronel del Ejército (r) Bolívar Silva, el suboficial (r) Alejandro Colón y la abogada Marcia Goyes, quienes, adujo ayer el abogado de esta organización, Iván Durazno, cubrieron los gastos de pasajes y estadía por su cuenta.

La abogada Goyes, por medio de una comunicación telefónica con el general (r) Ernesto González, dijo que ingresaron el pedido la mañana de ayer a la CIDH y esperan que sea calificado como urgente, ya que, sostienen, el tema está relacionado con la seguridad del Estado. Quieren que se nombre una comisión que convoque a las partes en conflicto y en un término de 90 días haya una decisión.

El general (r) Wagner Bravo indicó que solicitan a la CIDH suspender el trámite de la ley porque, supuestamente, se violaron los derechos humanos a la libre expresión, ya que no se tomó en cuenta la opinión de la cúpula militar y no se hizo en base a estudios actuariales. El proyecto aún está en debate en la Asamblea.

“No se trata de que el proyecto sea consultado con los 42.000 miembros de las FF.AA. uno por uno, pero sí con los jefes. Además, no hay una base técnica que sustente la reforma”, expresó. (I)