Un documento al que tuvo acceso este diario revela una supuesta estrategia de comunicación de la Armada del Ecuador para enfrentar las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), impulsadas por el Gobierno.    

La veracidad de la información ya es investigada por las autoridades del Ministerio de Defensa. Para el ministro Ricardo Patiño, es imprescindible determinar la veracidad de la información.

El funcionario está convencido de que no se trata de una situación que involucre a toda la Armada, sino a un grupo específico.

El documento vincula a 8 oficiales, a quienes se les encargan tareas para contrarrestar la información proveniente del Gobierno con respecto a las reformas a la Ley de Seguridad Social de las FF.AA.  

Sobre la participación de los oficiales, Patiño aclaró que el hecho de que sus nombres consten en la documentación no quiere decir que estén de acuerdo o participando activamente. “Estamos averiguando quiénes efectivamente están o han estado”.

Para Patiño “es lamentable que algunas personas ligadas a grupos políticos y a la oligarquía guayaquileña, que tienen intereses propios, estén intentando desestabilizar”.

La única motivación que encuentra el funcionario es que a los oficiales se les haya ofrecido puestos en el Gobierno que se elegirá en febrero de 2017. Para el analista político Mario Ramos, es imperioso investigar el caso. “De ser cierto, es muy grave. Pero lo más probable es que se trate solo de un grupo”.  

Según Ramos, el acicate para estas acciones proviene de los oficiales en servicio pasivo.  Coincidió con Patiño en que sectores oligárquicos guayaquileños tienen influencia en la Marina.    

Los problemas con la oficialidad de las Fuerzas Armadas surgieron tras la expedición del Decreto Ejecutivo 945, que eliminó las diferencias entre los oficiales y la tropa, por ejemplo, en los comedores y en las habitaciones. Y la situación se agravó con la propuesta del Ejecutivo, para reformar el Issfa, que pretende disminuir el déficit y las diferencias entre las pensiones.   

Los cuatro equipos de análisis de la Armada, integrados por 2 oficiales cada uno, tenía tareas específicas. El grupo 1: análisis de las reformas del Issfa; equipo 2: operaciones psicológicas y de la información; 3: análisis jurídico; y 4: estudio de imagen institucional.

Entre los oficiales involucrados hay marinos que han tenido impasses con el Gobierno, por ejemplo Freddy García, quien fue director del Issfa. También está Ronald Muñoz, quien envió una carta en contra del ascenso de otro compañero, lo que generó la aclaración del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, Pontony Zumárraga integró el Consejo de Disciplina que eximió de responsabilidad al capitán Ortega, acusado de desconocer la jerarquía presidencial.

La estrategia que supuestamente fue planteada para el comité consistía en posicionar que “la desaparición del Issfa y su régimen especial de seguridad social conlleva a la absorción de los pensionistas militares por parte del IESS, sistema de seguridad social del sector público civil, cuyo monto máximo de pensión jubilar es de $ 2.013”.

Según el documento, los análisis y resúmenes debían ser preparados para la difusión en radio, televisión prensa escrita y redes sociales. Se pedía incluir libretos, gráficas y videos en caso de ser necesario y se preveía que el plan estuviese listo para el 29 de septiembre.

Militares identificados

Para Ricardo Patiño, lo que pretenden es relacionarlo con aspectos ilógicos. “Se quiere hacer creer que estoy utilizando a los militares, desviándolos de sus funciones para preparar civiles. ¿En qué cabeza? Se quiere vincular mi llegada el año pasado -al Ministerio-  con dos personas que cometieron actos sancionables. ¿Qué tiene que ver mi llegada, que fue en marzo de este año?”.

El ministro se refería al video que circula en las redes sociales en donde se observa a dos militares dando lecciones a civiles. Informó que ya están identificados los uniformados y que habrá un proceso para determinar responsabilidades.

Fusiles donados por China

Otro argumento usado para generar incomodidad es la donación de los fusiles por parte de China. El asambleísta Fernando Bustamante (exmilitante de Alianza PAIS) criticó esa acción.

El legislador reclamó que el Ministerio de Defensa no informara sobre un acuerdo de cooperación militar con el país asiático.

Guillermo Navarro, exasesor del Ministerio de Defensa, recalcó que los convenios de entendimiento no se deben notificar a la Asamblea porque se celebran entre organizaciones similares, en este caso entre instituciones y no entre Estados.

Patiño aclaró que la colaboración  fue para cumplir con los requerimientos del general Luis Garzón, quien indicó que necesitaban renovar 25.000 fusiles y desde China fueron donados 10.000. Navarro, quien estuvo como representante del anterior ministro, Fernando Cordero, dijo que no hubo secretos.

“Aunque el ministro tenía la potestad de llegar a un acuerdo sin la aprobación del Comando Conjunto se les consultó porque son los uniformados quienes usan esas armas”.  

Navarro recalcó que la modernización requería un valor significativo. “Son 25.000 fusiles los que tienen las FF.AA. y cada repotenciación costaba $ 800”, es decir que se requerían al menos $ 20 millones. (I)

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Empleados civiles repudian inequidad

Sindicatos de las FF.AA. respaldan reformas al Issfa

Los sindicatos de empleados civiles de las Fuerzas Armadas manifestaron ayer su apoyo a las reformas de la seguridad social de militares y policías que están discutiéndose en el pleno de la Asamblea Nacional.

Iván Peñaranda, presidente de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Defensa, indicó que, a pesar de que las reformas son para los uniformados en el fondo se trata de un tema de inequidad entre los diferentes rangos del personal que labora en las Fuerzas Armadas, lo cual se quiere solucionar por medio de esta ley.

Peñaranda manifestó que existen aproximadamente 5 mil empleados civiles a escala nacional que laboran en las Fuerzas Armadas. De allí que resaltó: “Si las desigualdades son enormes entre oficiales y la tropa, con los empleados civiles es mucho mayor”.  

Ejemplificó esa desigualdad señalando que un trabajador civil recibe una jubilación de máximo $ 400, lo que se debería también discutir.

Carlos Cedeño, secretario general de trabajadores de la empresa Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), administrada por el Ejército, indicó que los militares son compañeros, pero aclaró: “Los empleados civiles hemos sido invisibilizados, a pesar de lo cual nos damos cuenta de que al interior se dan desigualdades enormes y que la ley lo que está haciendo es terminar con eso”. (I)