El presidente de la República, Rafael Correa, decretó una reforma a un apartado del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010, que se refiere al sistema de seguridad integral de la Presidencia de la República. 

En el considerando expuesto en el Decreto N.- 1369, firmado el 3 de mayo pasado, Correa expone que además de los primeros mandatarios y de las principales autoridades del país, "es un deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República".

El objetivo es "asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar luego del referido ejercicio". 

De allí que decreta proporcionar, de ser necesario, la protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y 6 meses, respectivamente. Añade que los plazos se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto.

El decreto original, del 2010, no contemplaba esta opción.

Los encargados de la ejecución del nuevo decreto son los titulares de los ministerios Coordinador de Seguridad y Defensa Nacional. 

Correa traspasará la Presidencia a Lenín Moreno el próximo 24 de mayo. 

La protección a expresidentes es una política normal en países de América. En Estados Unidos, por ejemplo, los exmandatarios reciben protección del servicio secreto de por vida. En Argentina también cuentan con proteccción de fuerzas de seguridad, además las viudad e hijos de los expresidentes también reciben beneficios.

En Brasil, todos los exmandatarios tienen derecho, de por vida, a 8 empleados pagados por el Estado; 4 agentes de seguridad, 2 choferes con autos oficiales y 2 asesores personales. 

En Colombia está estipulado que los exmandatarios reciban protección de los servicios de seguridad de por vida. 

En México, el Estado se hace cargo económicamente de los empleados que trabajan para el expresidente y del servicio de seguridad que se encarga de su protección. 

Mientras en Perú, los expresidentes cuentan con un vehículo con chofer, un seguro de salud y protección policial. (I)